“Tiene sus garantías intactas: es un procesado y no un condenado firme”, dijo ayer Luis María Aldueza, presidente del tribunal que condenó a 15 años de prisión a Julio César Grassi por abuso sexual y corrupción de menores. Luego de la polémica por la libertad restringida de la que goza el cura, el magistrado justificó la medida en declaraciones radiales diciendo que es la misma que dispuso la jueza de Garantías Cristina Landolfi. “Entendimos que la única (medida) que podíamos agregar era la prohibición de salir del país. Ahora, cuando la sentencia sea firme, la persona tiene que ir detenida”, explicó Aldueza. El juez recalcó que, según su óptica, no existe peligro de fuga, y aunque puede visitar la fundación, debe estar acompañado para hacerlo por quien él designe. “Tampoco podíamos fijarle una persona que lo controlara permanentemente”, argumentó al respecto. “Le impusimos la pena, hablamos de peligrosidad en general en cuanto al hecho que juzgamos. Pero la falta de conducta o esas obligaciones no están en función del hecho que juzgamos, sino si la persona se podía escapar o no, o entorpecer la investigación, que es el estado anterior a la condena firme. Yo me manejo por la ley”, dijo después. Cuando se le preguntó qué hacía falta para dictarle la prisión preventiva, argumentó que esos “son temas de peligro procesal, de fuga, no de una pena que todavía no está firme”.