General San Martín, una pequeña localidad de La Pampa, prohibió el funcionamiento de cabarets y whisquerías “que trabajen con alternadoras”, y se convirtió así en el segundo municipio de esa provincia en poner fin a la habilitación de locales nocturnos, que en la práctica son fachadas de prostíbulos donde se explota sexualmente a mujeres víctimas de redes de trata. Desde el gobierno pampeano, el secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes, envió una carta a todos los concejos deliberantes de la provincia, en la que los invitan “formalmente” a seguir el mismo camino, y donde les señala “que la trata de personas es el más inhumano de los tratos”.

El primer municipio en quebrar el aval del Estado a la explotación sexual de mujeres en burdeles fue Santa Rosa, dos meses atrás, por votación unánime del Concejo Deliberante, a partir de una iniciativa del intendente Francisco Torroba, del Frepam, un frente que agrupa a radicales y socialistas. Pero en General San Martín, la derogación de la normativa local no fue consensuada: dos de los seis concejales que integran el cuerpo se abstuvieron de apoyar la reforma. Uno de ellos, Daniel Pereyra, de la Junta Vecinal Frente para el Cambio, con un argumento muy peculiar: sostuvo que antes de tomar esa decisión se debería acordar con otros municipios de la región qué hacer al respecto, “ya que de cerrar el local acá se perjudica a la gente que concurre porque van a ir a otros pueblos”, y además “se estaría perjudicando comercialmente a la localidad ya que las mujeres que trabajan (en el prostíbulo que estaba habilitado) alquilan y consumen acá”. Así consta en la “orden del día” de la sesión legislativa del 29 de julio, en la que se votó el tema, y que lleva la firma de la presidenta del Concejo Deliberante, la justicialista Claudia Moor. El otro edil que no quiso prohibir la habilitación de prostíbulos fue Alejandro Galinsky, del Frepam: consideró que es mejor que continúen abiertos con permiso municipal para poder controlarlos; es más, dijo que deberían estar habilitados en todo el país.

En General San Martín existe sólo un burdel, en la avenida de acceso al pueblo. La localidad está situada sobre la ruta 35, 180 kilómetros al sudeste de Santa Rosa. Tiene unos 3000 habitantes.

La concejal Moor fue una de las impulsoras del cambio normativo. Desde 2002 regía una ordenanza que permitía la habilitación de “whisquerías” y “cabarets”. Y otra que reglamentaba la explotación de la prostitución ajena al exigir a las “coperas”, empleadas en esos locales nocturnos, la inscripción en un registro en la intendencia, la tramitación de una libreta sanitaria, su renovación anual y la realización mensual de exámenes ginecológicos en el hospital local, Luis Agote, para detectar infecciones de transmisión sexual, cuyo fin no era otro que proteger la salud de los “clientes”. Este esquema normativo está vigente en otros municipios de La Pampa y de otras provincias como Río Negro, Misiones y Santa Cruz, a pesar de que desde 1937 están prohibidas en el territorio argentino las “casas de tolerancia” por la ley nacional Nº 12.331 de Profilaxis.

“Estábamos haciendo lícita una actividad ilícita, donde muchas veces se esclaviza a las mujeres, negándoles sus derechos. Sabemos que no vamos a poner así fin al problema de la trata de personas, pero no es lo mismo regentear un prostíbulo con una habilitación municipal en la puerta que un local clandestino”, señaló Moor a Página/12. Siete años atrás, cuando se aprobó la ordenanza que avalaba el funcionamiento de burdeles en General San Martín, Moor era secretaria de Gobierno y tenía a su cargo el Consejo de la Mujer local. “Tal vez antes no veíamos el problema como hoy. Sabemos de la existencia de redes de trata, que hay chicas desaparecidas, que organizaciones no gubernamentales están trabajando para denunciar este flagelo. Vimos lo que hizo Santa Rosa y queremos acompañar esa política”, explicó la edil. Los cuatro concejales que votaron el cambio normativo son oficialistas: el gobierno local está en manos del justicialista Raúl Zurbrigk. El intendente promulgó la ordenanza el jueves 30, un día después de su sanción. El viernes 31, el único burdel del pueblo fue clausurado, aseguró Moor.

Dos meses antes, el 28 de mayo, el Concejo Deliberante de la capital pampeana dio el primer paso en ese mismo sentido: prohibió la apertura de locales nocturnos como cabarets y whisquerías y estableció que los tres que están habilitados deben cerrar sus puertas cuando caduquen sus permisos, hecho que ocurrirá a lo largo de este año.

A partir de esa reforma, inédita en el país, una forma de decirle “no a las redes de trata” en esa ciudad, el diputado Adrián Peppino, del Frepam, presentó en la Legislatura provincial un proyecto de resolución en el que le pide al Ejecutivo de La Pampa que “arbitre las medidas necesarias” para que cese el funcionamiento de locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella, en el territorio de la provincia. “Partimos del eje de que ninguna mujer nace para puta. O es explotación o es trata lo que ocurre en las whisquerías o cabarets, es decir, hay delito”, indicó Peppino a este diario.

El secretario de Derechos Humanos pampeano, Rubén Funes, por su parte, dirigió a mediados de julio una nota a todos los concejos deliberantes de la provincia en la que invita a imitar la reforma normativa de Santa Rosa. “Respetamos la autonomía de los municipios pero les advertimos que la trata de personas es el más inhumano de los tratos”, dijo Funes a este diario. La Pampa es señalada en un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como provincia de destino y tránsito en las rutas de las redes de trata, que suelen reclutar, con propuestas engañosas o aprovechándose de su situación de vulnerabilidad social y económica, a sus víctimas en provincias del norte argentino o en países limítrofes.