A la mañana temprano, cuando salió de su casa, el juez Norberto Oyarbide anunció ante las cámaras que tenía en su poder escuchas muy comprometedoras para el subsecretario de Control Sanitario bonaerense, Alberto Costa, en la causa en la que investiga la adulteración de medicamentos oncológicos y para la hemofilia, el robo de remedios de distribución gratuita y la apropiación de fondos de las obras sociales. “Hay diálogos muy complicados” –señaló el magistrado– entre el funcionario y (Néstor) Lorenzo, el empresario farmacéutico detenido el viernes pasado. Poco después, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Claudio Zin, anunciaba el desplazamiento de Costa, que lo secundaba en la cartera. Desde ese puesto se encargaba de las compras farmacéuticas para la provincia. Según informaron a Página/12 allegados a la investigación, en el expediente habría conversaciones registradas donde “arreglan cómo se repartirán la plata” de los contratos para la adquisición de remedios.

Oyarbide tendría elementos suficientes para imputarle a Costa, cuanto menos, el delito de negociaciones incompatibles con su función. Aunque no descarta avanzar en la hipótesis del cohecho y la asociación ilícita, según señalaron fuentes judiciales. La causa, que tuvo entre los denunciantes a la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, apunta a desentrañar la mafia de los medicamentos, una cadena de droguerías y laboratorios que comercializan remedios truchos para pacientes con cáncer, hemofilia y VIH. La causa penal, además, indaga en el robo y venta de medicamentos para programas oficiales, la malversación de fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) –constituida por aportes de los trabajadores– y de las obras sociales.

El viernes último fueron detenidos Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, vinculado con el asesinado Sebastián Forza, y su socio Sergio Blanco. Luego fueron liberados, pero tienen prohibida la salida del país. Lorenzo, señaló Oyarbide, “tiene un rol protagónico”. Ayer confirmó que comparte conversaciones “muy comprometedoras” con Costa. Funcionarios con acceso a la causa describieron que de los diálogos surgiría que “se encontraban para repartirse dinero”. Costa, como subsecretario de Control Sanitario, era el encargado de las compras de medicamentos y su control.

Luego del anuncio de Oyarbide, el ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, decidió desplazar de su cargo a Costa y le pidió la renuncia. Más aún, el organismo que conduce Zin emitió un comunicado en el que aclaraba que esa cartera “no tiene ningún vínculo comercial con la empresa San Javier, cuyo titular es Néstor Lorenzo, y además la empresa no forma parte del registro de proveedores del ministerio”.

Oyarbide lleva adelante la causa penal contra la llamada “mafia” de los remedios, dentro de la cual detuvo al empresario farmacéutico Néstor Osvaldo Lorenzo, calificado como “el Yabrán de los medicamentos” por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña.

El juez detalló que además “se vendían medicamentos robados que estaba prohibido comercializar porque eran medicamentos que el Ministerio de Salud debe entregar en forma gratuita” y precisó que en la Obra Social Bancaria (OSBA) se entregaban “medicamentos que no surtían efecto en el paciente y habían sido vendidos por la droguería San Javier”.

La propiedad de la droguería San Javier se atribuye a Lorenzo y los medicamentos, agregó el juez, eran “entregados por Baires Med, que estaba vinculado a (Sebastián) Forza”, uno de los tres comerciantes de medicamentos ejecutados en el Triple Crimen de General Rodríguez. “Todas las personas que recibieron medicamentos en OSBA y advirtieron que esos tratamientos no surtieron efecto que se dirijan al juzgado”, instó Oyarbide.