“¡Qué cagada, qué cagada, la ciudad está asfaltada y la niñez abandonada!”. Entre aplausos, batucadas y cánticos alusivos, ayer los trabajadores del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNyA) presentaron en la Legislatura porteña un documento que describe y denuncia las políticas públicas aplicadas por el gobierno de Mauricio Macri sobre los chicos en situación de pobreza. Con el apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil y la mayoría de los bloques opositores, el informe centra su crítica en la subejecución presupuestaria: “En seis meses el rubro veredas y asfalto alcanzó el 49 por ciento mientras que otros rubros, como Desarrollo Social, muestran un alarmante nivel de ejecución del 8,5 por ciento” del presupuesto. Según los empleados porteños, a partir de la misma lógica de deterioro del sistema de protección integral de la infancia, la gestión PRO “afecta los derechos de los trabajadores y desconoce la idoneidad técnica y su vasta experiencia laboral”. Después de la presentación, la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, calicó el informe como “una denuncia política sin fundamentos”.

“Hablan los funcionarios de la eficiencia, pero son empresarios sin experiencia. Nosotros somos los defensores del Consejo, de la ley 114 y de los derechos”. Tras 20 meses de gobierno PRO, pasadas las 17, en el salón Presidente Perón de la Legislatura porteña, cerca de cien empleados y coordinadores del CDNNyA esperaban entre cantos y palmas la lectura del documento sobre la infancia y una posterior conferencia de legisladores opositores.

Como resultado de diversas asambleas, los trabajadores del CDNNyA realizaron un informe donde se destaca que los menores de edad en situación de pobreza han quedado fuera de los planes macristas y a merced de las instituciones de encierro de la ciudad. El sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, “que se desarrolló no sin dificultades desde el año 1998, ha iniciado un franco retroceso desde el mes de diciembre de 2007, fecha en que asume el actual jefe de Gobierno”.

El documento describe también que la intención del gobierno de Macri es desentenderse da la responsabilidad que la ley le impone: “De los 50 hogares (de diferentes modalidades) con los que cuenta la Dirección General de Niñez sólo uno es propio, el resto son contratos con organizaciones no gubernamentales que (...) no están preparadas para abordar la complejidad de las problemáticas”. El texto de los trabajadores destaca que, por ejemplo, la coordinadora general del programa que tiene a cargo el monitoreo de las ONG es “la esposa del propietario de varias de esas instituciones convenidas, circunstancia que pone en duda el sistema de control”.

Después de la lectura del documento y dentro de la misma línea argumental, Nora Shulman, directora de Casacidn, destacó que “este gobierno tiene un problema ideológico. Cree que los niños y adolescentes pobres siempre van a estar mejor con otros que con su propia familia, por eso ha desarticulado los programas de fortalecimiento familiar y los hogares de ‘medio camino’, que se formaron en base a principios de solidaridad”, concluyó la mujer defensora de los niños.

Informe: Mariana Seghezzo.