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Apenas el 10 por ciento de los municipios del país está gobernado por una jefa comunal. El porcentaje de mujeres a cargo de secretarías y subsecretarías de los ministerios nacionales llega tan sólo al 12 por ciento, aunque ellas conforman el 52 por ciento del total del personal administrativo de esas mismas carteras. Sólo en 12 legislaturas provinciales se cumple con la Ley de Cupo y cuentan con más de un 30 por ciento de parlamentarias. El caso más extremo es el de Entre Ríos, en cuya Cámara de Senadores no hay ninguna banca ocupada por una mujer. En las cortes supremas provinciales y nacional hay un 20 por ciento de mujeres. Revertir la escasa presencia femenina en cargos de decisión en los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, en las distintas jurisdicciones, es una de las asignaturas pendientes que tiene el país en materia de género y derechos humanos, de acuerdo con un informe sobre la temática realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), que se presentó ayer. El aumento del embarazo adolescente, la falta de cobertura sanitaria y el “alarmante” número de muertes maternas derivadas del aborto inseguro “ponen en evidencia las grandes deudas que el Estado argentino continúa teniendo con las mujeres en materia de salud y derechos reproductivos”, advirtió Natalia Gherardi, directora ejecutiva de la entidad. El desempleo, que entre las mujeres es casi el doble que entre sus pares varones, y el aumento de la brecha salarial entre unos y otras son otros de los problemas que denuncia la investigación.

“El objetivo del trabajo es orientar la formulación de políticas públicas y ayudar a su monitoreo y control”, explicó a Página/12 Gherardi. El Informe sobre Género y Derechos Humanos en Argentina (2005-2008) incluye un análisis actualizado de la situación de las mujeres en el país, la legislación vigente y las políticas públicas “en todas aquellas áreas que resultan primordiales para conocer el grado de vigencia y respeto de los derechos humanos de las mujeres que residen en nuestro país”, agregó la directora ejecutiva de ELA, una organización independiente dedicada al estudio de la problemática de género en el ámbito de la Justicia y las políticas públicas. “La Argentina ha firmado y ratificado la mayoría de los tratados internacionales de protección de derechos humanos, sin embargo, el problema central sigue siendo la lucha por la vigencia efectiva de esos derechos, antes que su reconocimiento normativo”, es una de las primeras conclusiones del estudio.

Otros de los problemas detectados son:

- La falta de estadísticas generales que permitan conocer las dimensiones y tipos de violencia que afectan a las mujeres, ya sea que se trate de violencia familiar, violencia laboral, violencia sexual o distintas formas de la trata de personas.

- La ausencia de políticas públicas específicas para las familias monoparentales, cuando más de un tercio de los hogares está encabezado por mujeres. “Se continúa considerando a ‘la familia’ nuclear completa como una institución persistente en el tiempo”, cuestiona el trabajo.

- Mientras que las mujeres han incrementado su participación en el mercado de trabajo, los varones no han aumentado en forma correlativa su participación en las responsabilidades familiares y de cuidado.

“La falta de prestaciones y servicios vinculados con el cuidado de los hijos pero también de los adultos mayores es un grave problema que afecta de forma particular a las trabajadoras. El Estado no ofrece alternativas y las empresas tampoco. El tema no entra en la agenda política. Y dentro de las familias son las mujeres las que se hacen cargo y eso impacta en su posible independencia económica”, observó Gherardi.

El informe pone en evidencia que a pesar de los avances de las mujeres en el Congreso de la Nación –a partir de la ley de cupo, sancionada en 1991–, no se registra una presencia significativa de mujeres en los cargos de decisión del Poder Ejecutivo y Judicial, tanto nacionales como provinciales. Incluso, la discriminación de las mujeres y su ausencia en los espacios de poder es más significativa en los niveles provincial y local. “La necesidad de una mayor presencia femenina en la política no está vinculada a los resultados que ello podría producir sino, más bien, con la importancia de participar en el proceso de la representación política. Las mujeres (como todos los grupos subrepresentados) deben tener la oportunidad de presentar una serie de prioridades, perspectivas y alternativas entre las cuales los y las votantes puedan elegir y expresar sus preferencias. Para la Argentina, el desafío es lograr una mayor participación de las mujeres en los cargos de decisión política, en particular en los espacios locales en los cuales se construye el poder real que tiene incidencia en todos los niveles de decisión”, analizó Gherardi. La Cámara de Diputados de la Nación cuenta con un 40 por ciento de mujeres, pero en el Senado disminuyó la presencia femenina del 42 por ciento en 2005 al 39 por ciento en 2008. El panorama en las provincias es aún más desalentador. Buenos Aires tiene 21 por ciento de senadoras y 27 por ciento de diputadas: es una de las jurisdicciones donde no se llega al piso que marca la ley de cupo y que implica una presencia de al menos un 30 por ciento de bancas ocupadas por mujeres. En La Rioja, hay menos de un 10 por ciento de legisladoras. En Catamarca, las senadoras no llegan al 20 por ciento. Son apenas algunos ejemplos.

El estudio de ELA demuestra que la persistencia de las situaciones de discriminación contra las mujeres en el mercado laboral es “alarmante”. En primer lugar, advierte que el desempleo afecta en mayor medida a ellas que a ellos. Además, la inserción de muchas mujeres en el mercado laboral continúa siendo “inestable e informal”. El trabajo doméstico representa el 31 por ciento del trabajo femenino en el sector privado, cifra que supera el 40 por ciento por ciento en las provincias del NEA. “En paralelo, la brecha salarial entre mujeres y varones sigue en aumento: en 2006, el ingreso de las mujeres alcanzaba sólo al 70 por ciento del ingreso de los varones”, alerta el relevamiento. De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo, las mujeres constituyen el 60 por ciento de las víctimas de violencia (sexual, psicológica o física) en el ámbito laboral.

El lanzamiento del Informe sobre Género y Derechos Humanos tuvo lugar en el Instituto Goethe. Del encuentro participaron políticos, integrantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil y personalidades del mundo académico.