El procurador general de la Nación, Esteban Righi, inició un sumario contra Hernán Tuppo, el secretario de la fiscalía de Saavedra que el viernes fue sorprendido con copias del examen que estaba a punto de rendir en un concurso para el tribunal oral federal de Paraná. El funcionario había obtenido copia de los temas con antelación. También avanza un sumario en el Consejo de la Magistratura, encargado del certamen, donde están bajo la lupa los integrantes de la Comisión de Selección y el jurado que intervino. En Entre Ríos, el juez subrogante Gustavo Zonis dispuso las primeras medidas en una investigación penal. Las hipótesis apuntan a establecer si hubo cohecho (coimas), violación de secreto y/o incumplimiento de los deberes de funcionario.

El increíble episodio ocurrió el viernes último en Paraná, cuando 23 concursantes para juez de tribunal oral esperaban a que les repartieran la copia del caso que deberían resolver a modo de examen escrito. El consejero-juez Luis Cabral, que estaba a cargo de la prueba, había comenzado a leer el encabezado del tema sorteado en ese momento, cuando dos aspirantes se le acercaron y le dijeron que la persona sentada delante de ellos estaba leyendo una hoja que decía “exactamente lo mismo” que él. Era Tuppo. Ante el pedido de Cabral, el secretario de la fiscalía de Saavedra se negó a entregarle los papeles. El consejero suspendió la evaluación y pidió la intervención de un juez. Zonis secuestró los documentos y abrió una investigación.

En Paraná estaba también uno de los cuatro miembros del jurado, el juez de tribunal oral de Santiago del Estero Alberto Pravia. Los otros tres hicieron una presentación ayer temprano en el Consejo, en la que piden que se investiguen sus propios llamados telefónicos y correos electrónicos, de donde surgiría el intercambio que tuvieron para elegir los casos para la prueba. Incluso ponen a disposición sus respectivas computadoras. Requieren, a la vez, que las medidas se extiendan “al postulante sospechado y al cuarto integrante del jurado”, quien –señalaron– no estaba en Buenos Aires. Pravia, precisaron, les había mandado un mail, cuya copia adjuntaron, donde aludía a lo ocurrido con un “tal Tuppo” y decía que estando fuera de la ciudad no tenía los números telefónicos de ellos consigo para comunicarse.

Los tres jurados que firman la nota son el juez y ex titular de la Oficina Anticorrupción Daniel Morín, el ex juez Gustavo Costa y el profesor y funcionario de la Defensoría General Ignacio Tedesco. Ellos dicen que no conocían a Tuppo. Pravia le dijo ayer a Página/12 que no podía hablar del tema porque estaba ocupado con un juicio por un secuestro extorsivo en el Tribunal Oral Federal 2 porteño, donde actúa como subrogante. Tuppo fue juez en Santiago del Estero entre 2004 y 2005 y actuó en investigaciones contra los Juárez en la misma época que Pravia. Ambos concursaron para el tribunal oral de Santiago: Tuppo había quedado primero y Pravia, que estaba segundo en la terna, resultó el elegido, según informaron allegados al Consejo.

En cada concurso, los jurados son los encargados de armar el examen y, según el reglamento del Consejo, deben entregar los casos con “debida antelación” (no precisa cuánto) “al presidente y al secretario de la Comisión (de Selección) en sobres cerrados de similares características y no identificables que quedarán reservados en secretaría hasta el día de la prueba de oposición”. El actual titular de la Comisión es el académico Mariano Candiotti y el secretario es Claudio Martucci.

El sumario interno que se inició en el organismo está a cargo del Cuerpo de Auditores. La pesquisa, por ahora, apunta a un amplio espectro de funcionarios que pudieron tener algo que ver con el concurso y que tendrán que testificar. El material entregado por los jurados, que también serán citados, será girado al juez de Paraná. En la causa penal, tanto ellos como los miembros del Consejo y el secretario que tenía el machete pueden ser imputados por diferentes delitos, según lo que se logre determinar, van desde incumplimiento de los deberes, violación de secreto y hasta cohecho. Tuppo, por su lado, enfrenta una investigación interna por parte de la Procuración General. La instruye Javier De Luca. Fue dispuesta “ante el tenor de las circunstancias”. Las consecuencias de este sumario podrían ser desde un apercibimiento o sanción hasta la propia destitución.

El hecho que protagonizó Tu-ppo desató un revuelo enorme en el Consejo, donde hace tiempo circulan rumores sobre “tráfico” de exámenes, pero nunca habían sido comprobados. Con este escenario, el vapuleado organismo apuraría esta semana un debate para reformar el reglamento y hacer los concursos más ágiles (ya que algunos demoran hasta dos años) y más transparentes. Un proyecto de Diana Conti propone eliminar el anonimato de los exámenes e incluir una prueba oral y pública. Otro de Candiotti impulsa la inclusión de la opinión de ONGs.