“La pregunta fundamental es si se trata de garantizar una política pública de sanidad para la colectividad o de un negocio para algunos pocos que pone en juego la salud de los gallegos.” Gustavo López Pardo, secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Buenos Aires, sintetizó con ese interrogante las sombras que desde hace unas semanas cayeron sobre el hospital del Centro Gallego porteño. La actual gestión del gobierno de Galicia (la Xunta) impulsa una serie de reformas “gerenciales y administrativas” que encubren la privatización del centro sanitario de la ciudad. “En forma coercitiva, los funcionarios del Partido Popular (PP) intentan ceder el control del Centro Gallego a un grupo económico español: Recoletas”, confirmó a Página/12 López Pardo.

López Pardo es sociólogo, ciudadano argentino y español e hijo de inmigrantes. A mediados de los ’50, sus padres se establecieron en la ciudad de Buenos Aires y desde entonces fueron afiliados del hospital de Belgrano al 2100, en el barrio de Balvanera. “Mi vieja tiene 81 años y sólo en 2009 se atendió tres veces en la guardia del hospital”, dijo López Pardo. Con un sentido de pertenencia colectivo, el hombre del PSOE porteño agregó: “La atención sigue siendo la mejor, las internaciones que mi mamá tuvo fueron siempre de urgencia los sábados y, para cuidarla, los médicos le hicieron resonancias magnéticas y varios electrocardiogramas”.

Pocas semanas después de que el ex presidente español por el PP José María Aznar visitara la ciudad de Buenos Aires, una delegación de funcionarios de la Cancillería de Sanidad, Presidencia y Secretaría General de Emigración gallega llegó al país para reunirse con las autoridades del Centro Gallego. El encuentro se celebró a mediados de octubre bajo la consigna de analizar “el déficit en las balanzas hospitalarias”. López Pardo explica que, al igual que su madre, “la mayoría de los afiliados emigró de España durante el franquismo, por lo tanto tienen una edad considerable. Es muy razonable que el costo de su atención médica genere pérdidas para el hospital”.

Creado hace más de cien años y con más de cuatro mil afiliados gallegos, en la actualidad el centro hospitalario porteño depende de la Fundación Galicia Salud: “Como el 50 por ciento es de la Xunta de Galicia y la otra mitad de los asociados, la gestión PP del gobierno gallego amenazó a las autoridades del hospital con retirar su participación si no aceptaban sus ‘reformas’”, contó a este medio López Pardo. Entre otras previsiones, el “paquete reformista” admite que una empresa privada española (Recoletas) controle y administre el establecimiento sanitario porteño.

A fines de octubre, la madre de López Pardo fue internada de urgencia por tercera vez en lo que va de 2009. Esa misma semana, en el edificio de Belgrano al 2100, los funcionarios de la Xunta expusieron su iniciativa privatizadora a las autoridades del Centro Gallego. El borrador, además de designar a Recoletas como la administradora del hospital, promueve la contratación directa de los servicios de la empresa española por un mínimo de 13 años.

De todas maneras, para López Pardo lo más significativo de la propuesta del PP es el desigual compromiso de inversiones: “Mientras el grupo empresarial tiene que aportar ocho millones de euros, el gobierno gallego desembolsaría 27 millones”, dijo el secretario del PSOE. Actualmente, el hospital factura sólo por la prestación de servicios a terceros (sin contar las cuotas de las obras sociales), cerca de 580 mil euros por meses. Es decir, según las cuentas de López Pardo (y de los afiliados) “la gerenciadora no sólo recuperaría su supuesta inversión en muy poco tiempo, sino que además haría un negocio redondo”.

Para cerrar el acuerdo, la Xunta gallega fijó unilateralmente un lugar de encuentro. A más de 15 mil kilómetros de sus afiliados, “la intención del PP era que las autoridades del hospital cedieran el control del Centro Gallego en la ciudad española de Santiago de Compostela”, relató a Página/12 López Pardo. También, según el hombre del PSOE porteño, el deseado acuerdo tiene fecha límite: el 9 de noviembre próximo.

En las últimas horas llegó al país el secretario general de Emigración gallego, Santiago Combá. La sospecha es que llegó para impulsar la reforma. El miércoles último, en un comunicado de prensa, el gobierno de Galicia dijo que su intención reformista sólo intenta “recomendar una gestión personalizada” para la institución porteña. “Lanzar un ultimátum con la amenaza de retirarse del patronato si no se acepta ese único modelo es una burla porque se deja de lado la opinión de las personas, como mi vieja, que hace 50 años forman parte del Centro Gallego”, aseguró López Pardo. Después se preguntó: “¿O es que acaso la Xunta no tiene capacidad de gestión y, por eso, tiene que entregar la institución a una empresa privada?”.

Informe: Mariana Seghezzo.