El centro cultural Vecinos de San Cristóbal 19 de Diciembre, ubicado en un lote de la ciudad, bajo la Autopista 25 de Mayo, se encuentra al borde de perder su espacio, ya que a fines de enero de 2010 el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, vetó la Ley 3348, que otorga a la multisectorial “el permiso de uso precario y gratuito” del inmueble. “Hoy estamos en una situación de vulnerabilidad porque no tenemos ningún lugar ‘legal’”, lamentó Daniela Paredes, una de las fundadoras de la organización.

Las razones del decreto del veto, emitido el último 21 de enero, son que “el predio permanece cerrado la mayor parte del tiempo, no evidenciándose la realización de actividad alguna, salvo en forma esporádica”, y que en los relevamientos nunca se logró “tomar contacto con ningún representante del permisionario, por no encontrarlo. Sólo pudo constatarse la condición exterior del inmueble, resultando evidente que se encuentra en estado de abandono y posible deterioro”. Según explicó Paredes, esos argumentos “son ridículos porque la ‘multi’ recibe contribuciones del gobierno de la ciudad” que avalan la actividad constante de la organización. Por ejemplo, “todos los viernes el Ministerio de Desarrollo Social envía la comida, que se distribuye los sábados, y Educación realiza en el local el programa Puentes Escolares”, aseguró. Al mismo tiempo, “todas las actividades son monitoreadas por el gobierno a través de inspecciones, la última fue el pasado 14 de noviembre”, agregó.

Desde 2003 el galpón de dos pisos, ubicado en el pasaje Prudan, bajo la Autopista 25 de Mayo, es el sitio formal en el que la Multisectorial de San Cristóbal emprende distintos trabajos, entre ellos talleres de periodismo, arte, apoyo escolar, ritmos latinos y de recreación. Además, en ese espacio se trabaja en la confección de una revista bimestral, cuentan con una biblioteca popular, una feria americana y, junto a los jóvenes, organizan jornadas de cine. Todos los sábados, la organización hace de ese lugar un enorme comedor en el que se reparten alrededor de 300 raciones de comida, en una actividad llamada La Olla Solidaria.

“Esta casa siempre la tuvimos en forma legal”, afirmó preocupada Irina Garbus, otra integrante del colectivo. La multisectorial nació en octubre de 2001; antes realizaban las actividades en los lugares que les iban abriendo sus puertas, como en distintas escuelas de la zona o en el patio de la parroquia Santa Cruz. En 2003, la gestión porteña de Aníbal Ibarra les cedió el inmueble a través de un contrato de comodato a renovar cada dos años, con plazo “de un año más de gracia”, aseguró Paredes. “Después de mucho pelearla conseguimos un lugar. Lo refacciona- mos todo porque era un depósito en desuso y con mucho esfuerzo lo pusimos en marcha”, apuntó Garbus.

Las complicaciones con el actual gobierno porteño comenzaron a mediados de 2008 –como lo informó Página/12–, cuando sin mayores explicaciones se enteraron de que no les iban a renovar el contrato. Desde ese momento y hasta mediados de 2009 permanecieron en el lugar porque tenían en su haber el “año de gracia”. “A mediados del año pasado ese plazo se venció y no tuvimos ninguna respuesta concreta. Desde la ciudad nos decían que había una propuesta de renovación”, pero no daban certezas, aseveró Paredes.

En ese marco de idas y vueltas fue cuando, impulsado por el legislador Juan Cabandié, se presentó el proyecto de Ley 3.348, que busca el permiso para obtener la tenencia de la casa por 20 años, sin necesidad de renovarla cada dos. La iniciativa fue aprobada, el pasado 3 de diciembre, por la Legislatura de la ciudad para “la realización de actividades sociales, culturales y educativas”, pero el veto de Macri coartó esta posibilidad. El proyecto había sido aprobado inclusive “con acuerdo del macrismo”, informaron desde la Legislatura.

Ahora deberá volver al Poder Legislativo, y para que se promulgue tiene que ser aprobado por dos tercios de los legisladores, es decir, con 40 votos.

Mientras tanto, la multisectorial “presentará un amparo a la Justicia para evitar que los desalojen”, aseguraron fuentes cercanas a Cabandié. Sus integrantes, la Asociación Civil Grietas, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la parroquia de la Santa Cruz y estudiantes de la carrera de Psicología y Trabajo Social de la UBA seguirán trabajando en las “dos líneas de acción” que definen al colectivo: por un lado “solidaridad y militancia”, y por el otro, “exigencia al Estado para que se haga cargo de su deber”, resumió Garbus.

Informe: Rocío Ilama.