La oposición porteña y los dirigentes de ATE repudiaron los despidos de trabajadores del gobierno de Mauricio Macri. Señalaron que son mil: 500 contratados y otros 500 de planta permanente. “El modelo llevado adelante por esta gestión tiende a retrotraernos a las épocas del achicamiento del Estado a costa de los trabajadores y en favor de los negociados privados de unos pocos”, cuestionó el titular de ATE Capital, Rodolfo Arrechea, que exigió la “inmediata reincorporación” de los cesanteados. Desde el Ministerio de Hacienda porteño aseguraron que se les rescindió el contrato a 571 personas por tener inasistencias no justificadas. Crearon, además, una comisión revisora para reevaluar los casos que se quieran presentar, a posteriori del despido.

Se trata del segundo conflicto que afronta la gestión PRO por despidos, luego de los 2400 empleados que separaron al comienzo del gobierno de Macri. En el Ministerio de Hacienda aseguraron que “los números de la oposición no son reales. Se trata de 571 agentes de planta transitoria de distintas áreas del gobierno. No son todos de Salud. Se renovaron más de 15 mil contratos y se discontinúan estos 500 por motivos de inasistencia”. Los macristas aseguran que todos los despedidos faltaron más de 15 veces en un año. “No fue una decisión política para achicar la planta”, se atajaron. También indicaron que la subsecretaria de Recursos Humanos creó una comisión revisora para que los separados puedan presentar descargos.

Los gremialistas de ATE hicieron una marcha ayer que partió de la ex ESMA –donde fue despedida una delegada gremial, que sería reincorporada luego de los reclamos del sindicato– y terminó con una conferencia de prensa conjunta con la oposición en la Legislatura. “A nosotros nos envió un listado el propio gobierno de la ciudad. En el listado, hay 746, de los cuales 500 son contratados y el resto, de planta”, detalló Arrechea ante Página/12. “El gobierno aduce que excedió las inasistencias. En el 80 por ciento de los casos, tienen las faltas justificadas”, respondió el gremialista, que advirtió además del caso de “75 personas que tienen la edad para jubilarse, pero no los años de aportes. Por eso se presentó un pedido de amparo para que no los separen. Pero los dieron de baja igual”.

Arrechea informó que el lunes próximo ATE tendrá un plenario para consensuar un plan de lucha contra los despidos, que incluirá una manifestación al Palacio de Gobierno. En la conferencia de prensa lo acompañaron legisladores de los bloques opositores de Proyecto Sur, Frente para la Victoria, Diálogo por Buenos Aires, Partido Socialista, Nuevo Encuentro e Igualdad Social, además de dirigentes de UTE-Ctera y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

“Ciro James cobró 6 mil pesos durante dos años sin que Macri se entere, pero ahora investiga a los trabajadores para efectuar despidos arbitrariamente”, estimó el legislador de Proyecto Sur, Fabio Basteiro. “Macri quiere estrangular al Estado para justificar la transferencia de fondos a las arcas privadas”, advirtió el kirchnerista Francisco “Tito” Nenna, mientras que Aníbal Ibarra consideró que los despidos son parte “del ajuste que decidió hacer Macri. Sin embargo, no se planteó bajar los contratos con las consultoras privadas”. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar estos despidos”, anticipó Gonzalo Ruanova.

Los radicales y de la Coalición Cívica-ARI no participaron de la conferencia, pero presentaron un pedido de informes en el que exigen saber cuáles fueron “los criterios objetivos que fundamentaron los despidos de cada uno de los trabajadores”. “Nos resulta sumamente sospechosa la decisión de cesantear a más de mil trabajadores, sobre todo en áreas tan importantes y tan sensibles para los ciudadanos como el sector de la salud”, apuntó el legislador de la CC-ARI Fernando Sánchez, quien destacó que la medida de la gestión PRO “de echar en masa un número determinado de personas (mil, dos mil) es parecida al menemismo de los noventa”.