Con 132 votos a favor, 126 en contra y una abstención, el Parlamento español reformó ayer definitivamente la ley de aborto. La norma contempla en forma explícita el derecho “a la maternidad libremente decidida” y se enmarca en una ley integral de Salud Sexual y Reproductiva, por la cual el Estado quedará obligado a promover y a garantizar la entrega gratuita de métodos anticonceptivos. La modificación, que fue impulsada por el gobierno socialista, legaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta las 14 semanas de gestación, y más allá de ese plazo y hasta la semana 22, si existe un riesgo para la vida o la salud de la madre o malformaciones fetales. Y sin límite de tiempo, si se descubren anomalías en el feto o una enfermedad grave e incurable. Salvo en caso de que pueda suponer peligro de “violencia intrafamiliar”, así como “amenazas, coacciones o malos tratos”, las menores de 16 y 17 años que necesiten abortar deberán informar a sus padres previamente.

Pese al público y frontal rechazo de la cúpula de la Iglesia Católica y del conservador Partido Popular (PP), el gobierno socialista logró una modificación histórica de la ley de aborto, que definitivamente liberaliza la interrupción de los embarazos no deseados. “España dio un paso muy importante”, explicó a Página/12 Mabel Bianco, médica y presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer en Argentina. Porque, según Bianco, la norma “no obliga a nadie a hacer algo que no quiera, sino que les da la posibilidad a las mujeres de que, por distintas situaciones familiares o sociales, necesitan abortar, lo hagan sin poner en riesgo su vida o su libertad.”

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada sin ninguna modificación por el Senado español y, en julio de este año, entrará en vigencia. La novedad de la norma, también llamada popularmente “ley de plazos”, es que permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación y, hasta la número 22, en caso de riesgo de vida o salud de la mujer o graves anomalías del feto. Pasado este plazo sólo se autoriza el aborto en caso de problemas en el feto que “sean compatibles con la vida –diagnosticadas por un médico–” o cuando se detecte “una enfermedad extremadamente grave e incurable” y así lo confirme un comité clínico.

A partir de la IVE, “España va a garantizarles una salud de calidad a todas las mujeres sin importar su condición social –observó Bianco y ejemplificó su argumento–. Cuando el aborto es ilegal o está prohibido, las mujeres más afectadas son siempre las de bajos recursos, porque no pueden acceder a las prestaciones seguras de las clínicas privadas”. Entre otras cosas, la ley se pondrá en funcionamiento dentro de la cartera del Sistema Nacional de Salud, “para que sea una prestación pública y gratuita”. También, el Estado financiará interrupciones de embarazos en clínicas privadas con las que tenga convenio.

Durante el debate en Diputados se había modificado ya uno de los puntos más polémicos del proyecto: la posibilidad de que las menores de edad pudieran abortar sin conocimiento de sus padres. Finalmente, la negociación entre socialistas y Partido Nacionalista Vasco (PNV), un partido tradicionalmente católico, estipuló que las adolescentes de 16 y 17 años tengan que informar a sus progenitores, salvo en caso de que ello pueda suponer peligro de “violencia intrafamiliar”, así como “amenazas, coacciones o malos tratos”.

En cuanto a la “objeción de conciencia”, otro asunto controvertido, el texto establece que “los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho” a ejercerla, “sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabados”. Se trata de una “decisión individual” que debe “manifestar anticipadamente y por escrito”, precisa la ley.

“Esta ley nos tiene que hacer pensar a los argentinos que los Estados tienen que sancionar independientemente de las opiniones religiosas, porque el aborto no es un problema moral, sino de calidad de salud para las mujeres y las familias”, advirtió Bianco.

Informe: Mariana Seghezzo.