Jueves, 25 de febrero de 2010 | Hoy
SOCIEDAD › RECLAMO A LA JUSTICIA PARA QUE AUTORICE UN CASO DE ABORTO EN CHUBUT
Diversas organizaciones marcharon ayer a los tribunales de Comodoro Rivadavia para exigir que la Cámara acceda a la interrupción del embarazo de una adolescente que denunció haber sido violada por su padrastro. El tribunal podría fallar hoy.
Por Mariana Carbajal
“No sé qué están esperando los jueces para resolver. Mi hija está muy mal, tirada en la cama pensando en lo que están deliberando. Espera una respuesta positiva. No sé qué podría pasar si le niegan el aborto”, dijo ayer a Página/12 Aurora Luisa Fuentes, la madre de A. G., temerosa de la reacción que pueda tener su hija si le impiden interrumpir el embarazo, producto de una violación perpetrada, según denunció, por su padrastro, un suboficial mayor de la policía de Chubut que permanece en libertad. Ayer, organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos locales se congregaron frente a la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Comodoro Rivadavia para exigir que el tribunal se pronuncie y autorice la práctica cuanto antes “por el derecho a la salud integral de la niña”. Hoy volverán a manifestarse. “Por cada día de demora habrá una nueva movilización social en apoyo a la niña, por considerar que ella representa hoy la situación de muchas víctimas silenciosas de esta ciudad”, advirtieron de viva voz, frente al edificio de tribunales, en avenida Ducos y Mitre.
Varones y mujeres de la ciudad patagónica sumaron su apoyo al reclamo de la jovencita con carteles que decían “Cárcel al violador”, “Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley”, “Lo más ético es provocar el aborto cuando se justifica” y “¿Por qué obligar a una niña violada a ser madre?”. Al mismo tiempo se dio a conocer un extenso comunicado de prensa del obispo de Comodoro, Virginio Bresenelli, en el que condenó el aborto no punible reclamado. “Queda claro que el aborto constituye un grave atentado a la vida humana, por el que se condena a muerte a quien no es culpable de nada. La condición de inocencia de la persona por nacer muestra a las claras el desenfoque en el que se incurre: la muerte del niño por nacer nunca resuelve el problema inicial, en este caso la violación. Lo único que se logra es sumar otro hecho doloroso”, opinó previsiblemente el prelado.
La Sala B de Cámara de Apelaciones ya está en condiciones de expedirse. Tiene el caso desde el viernes. El lunes escuchó a A. G. y a su madre. Frente a los camaristas, la muchachita reafirmó su deseo de abortar y además, cuando le preguntaron, les advirtió que no baraja otra alternativa que interrumpir el embarazo, señaló ayer a este diario su abogada Sandra Grilli. La audiencia fue privada. Grilli dijo que espera que la Cámara “no dilate más las cosas y tome una decisión a más tardar mañana (por hoy)” y adelantó que si llegara a negar el aborto, como ya hizo en primera instancia la jueza de Familia Nº 3 Daniela Robert, llevará el reclamo a la Corte provincial. “Tiene que quedar claro que el tiempo apremia y se debe tomar una decisión antes de las 20 semanas. La Justicia en este caso está dilatando una decisión que está contemplada en la ley, no hay lugar a dudas”, agregó la abogada. El embarazo ronda las 18 semanas.
Recién ayer, en realidad, quedó definida la composición de la Sala que decidirá el futuro de A. G., dado que dos de sus integrantes estaban de vacaciones. Finalmente, se acordó, para evitar más demoras, cubrir las vacantes con dos jueces de la sala A –la otra que conforma la Cámara–, que participaron de la audiencia del lunes. Ellos son Julio Alexandre y Fernando Nahuelanca, que acompañarán en las deliberaciones a Nélida Melero.
“Reclamamos la mayor celeridad para evitar un daño mayor a la niña, que requiere de atención y cuidados que mitiguen el gran daño que ya ha sufrido al ser víctima de violación, agravada por concretarse en el seno de su familia”, reafirmaron las organizaciones que participaron de la marcha. Magali Stoyanoff, una de las manifestantes, recordó que el caso no debió judicializarse por tratarse de un aborto no punible contemplado en el Código Penal. “Por lo que su incumplimiento traería graves consecuencias al Estado nacional”, enfatizó. Miriam Acosta, de ATE, indicó que “también reclamamos la condena al violador”.
“Este apoyo de la gente nos da fuerza para seguir defendiendo los derechos de mi hija”, dijo Fuentes, sorprendida por el respaldo. Hasta una congregación de carmelitas descalzas, de una localidad cercana a Comodoro Rivadavia, se comunicó con una emisora local, cuando la estaban entrevistando, para expresarle su solidaridad.
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