“Las causas superficiales del motín pueden ser una riña entre presos, pero la causa profunda está en el inadecuado sistema carcelario mendocino, con elevadas horas de encierro, y ausencia de medidas de resocialización y de programas de acceso a la educación y al trabajo”, apuntó Pablo Salinas, integrante de un grupo de abogados de Mendoza. Salinas presentó el sábado un pedido de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que “se proteja la vida de los internos” del penal Almafuerte, de esa provincia, donde el sábado un grupo de reclusos protagonizó un motín que dejó como saldo un muerto.

El pedido se realizó tras el motín, que se prolongó durante siete horas. La Justicia de Mendoza investiga por “homicidio” y “privación ilegítima de la libertad” a los tres presos del penal que tomaron como rehenes a cinco guardiacárceles y mataron a puñaladas a otro interno. Hasta ahora, la causa apunta a un “ajuste de cuentas” entre los reclusos y desde la Justicia, incluso, dicen que “no se puede hablar de un motín”. El sistema penitenciario mendocino ya había sido motivo de advertencia para el Comité de Derechos Humanos de la ONU (ver aparte).

Minutos antes de que se abrieran las puertas del pabellón 3 del penal Almafuerte, a las 7 del sábado, el interno Diego Casanova parecía estar sufriendo de convulsiones. Según captaron las cámaras de seguridad, el ataque fue sólo un engaño para que los compañeros de celda, Mario Lorca y Sergio Barroso, se abalanzaran contra los guardiacárceles cuando abrieron las rejas para asistir al recluso.

Según la versión oficial, los reclusos controlaron a los cinco guardicárceles que tomaron como rehenes amenazándolos con facas, tomaron las llaves de las celdas del pabellón, “fueron hasta donde estaba Darío Vega González (de 35 años) y lo mataron con más de diez puñaladas”. El fiscal Daniel Carniello, que investiga la causa por “homicidio” y “privación ilegítima de la libertad”, se encargó de descartar la hipótesis del motín: “No se puede considerar un motín”, dijo, por lo que la línea de investigación apunta a que se trató de una cortina para cubrir el crimen.

Sin embargo, familiares de Vega González sospechaban de la versión oficial y denunciaron malos tratos por parte de los guardicárceles, en los horarios de visita, para apuntar la responsabilidad del crimen sobre los uniformados. Además, los reclusos aprovecharon la revuelta para reclamar el traslado a otra penitenciaria.

El ministro de Gobierno mendocino, Mario Adaro, había descartado el sábado la hipótesis de que el motivo del motín fuera un intento de fuga porque “del penal Almafuerte no puede fugarse nadie”.

“Parece que sólo se garantiza que no se escapen y no el respeto a los derechos de detenidos contemplados en la ley”, afirmó Salinas. El abogado integra la Asociación Xumek, que presentó el sábado un escrito ante la CIDH reclamando la aplicación de una medida cautelar para que se garanticen los derechos de los detenidos.

El pedido de medida cautelar es un recurso contemplado en el reglamento de la CIDH frente a “casos de gravedad y urgencia” para “evitar daños irreparables a las personas”. Amparados en ese recurso, el documento presentado ante la CIDH resalta que las obligaciones interpuestas por ese mismo tribunal y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos “al gobierno provincial nunca llegan a cumplirse”. Y denuncia que “la cárcel Almafuerte no garantiza el derecho a la integridad física ni a la vida de los internos, ni se implementan en ella tratamientos de readaptación social para los penados”.

La Corte Interamericana ya había declarado medidas provisionales contra otra institución del Sistema Penitenciario de Mendoza, el Penal Boulogne Sur Mer, donde hasta fines de 2009 había una superpoblación que duplicaba la capacidad de la unidad: había 936 reclusos cuando la capacidad era para 450. Según Salinas, los detenidos de ese penal están siendo trasladados a la flamante unidad Almafuerte, donde “el sistema de encierro no se ha modificado. Los reclusos permanecen hasta 22 horas en las celdas, lo que produce daños psíquicos que se traducen en la elevación de los casos de suicidios”. Según un informe de Xumek, en el penal de Almafuerte –tiene capacidad para 420 detenidos y aloja 642– se reportaron cuatro casos de suicidios durante 2009.

Informe: Nahuel Lag.