La Cámara de Diputados bonaerense sancionó una ley que limita la posibilidad de que los jueces excarcelen a presos considerados inocentes. La norma, impulsada por el gobierno provincial, fue apoyada por todos los bloques menos por la Coalición Cívica. Para entidades de derechos humanos, la reforma “aplica una receta que ya fracasó en la provincia”. El 95 por ciento de los más de 30.000 presos bonaerenses no pueden pagarse un abogado.

La nueva ley, que reforma el Código Procesal Penal bonaerense, reduce la posibilidad de excarcelación para los procesados por delitos con uso de armas, sobre la base de que el Código Penal, de alcance nacional, considera “agravante” la presencia de armas cuando ya se probó el delito y hay que dictar sentencia. La nueva norma también reduce la posibilidad de excarcelación para delitos en los que participen menores de edad.

Roberto Cipriano –coordinador del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria– observó que “de todos modos, el robo con armas en la mayoría de los casos no se excarcelaba, ya que prevé penas mayores a seis años. En cuanto a la presencia de menores, sí, la nueva ley podría marcar más diferencias”. Por ejemplo, una persona de 18 años acusada de hurto, delito excarcelable, quedaría presa si en el delito imputado hubiera participado otra de 17.

La nueva ley también obliga a los jueces a realizar audiencias preliminares, con presencia del imputado, para tratar la prisión preventiva, pero supedita esta obligación a que el defensor o el fiscal soliciten la audiencia. “Se había planteado que estas audiencias fuesen siempre obligatorias, para que el juez tomara contacto con el detenido –comentó Cipriano–: de este modo es muy probable que no se hagan, ya que juez, fiscal y defensor se conocen, están saturados de trabajo y los jueces suelen no ver bien que el defensor pida estas audiencias.”

–Lo que usted señala implica que la mayoría de los detenidos tiene defensor oficial –observó Página/12.

–Entre el 95 y el 97 por ciento no puede pagarse un abogado –contestó Cipriano–. Esto indica de qué sector social provienen los 31.600 presos hacinados en cárceles y comisarías bonaerenses; el 77 de los varones y el 85 por ciento de las mujeres con prisión preventiva no tienen condena.

La ley, impulsada por el gobernador Daniel Scioli, fue apoyada por los bloques del Frente para la Victoria-PJ, la UCR, el GEN, Unión PRO y el Peronismo Federal. Los legisladores de Coalición Cívica se opusieron, como lo habían hecho también en la Cámara de Senadores.

Raúl Pérez, presidente del bloque de diputados del FpV, elogió “la actitud responsable de la oposición, que ayuda a tener las leyes que el gobernador necesita”. En cambio, para las diputadas Liliana Piani, Natalia Gradaschi y Marcela Guido, de Coalición Cívica, la ley “es un golpe de efecto marketinero que, al invertir la presunción de inocencia, vulnera la Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”.

Paula Litvachky, directora del programa de Justicia Democrática del CELS, sostuvo que “la nueva reforma sustituye un debate que tuviera verdadero impacto en la seguridad y está en línea con la ley que, en diciembre pasado, restringió la posibilidad de que los jueces otorguen alternativas a la prisión preventiva” (como las tobilleras electrónicas).

Para Cipriano, “esta reforma no modifica estructuralmente la forma de trabajo de los jueces: lo que más importa es su valor simbólico: envía a los jueces el mensaje de endurecer lo más posible las excarcelaciones, con una receta que ya usó (el ex gobernador) Carlos Ruckauf y que fracasó”.