El Senado se encerró ayer en una extensa discusión sobre los carteles anónimos cuestionando la independencia de periodistas del grupo Clarín, los incidentes en la Feria del Libro, el enjuiciamiento público impulsado por las Madres de Plaza de Mayo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el rol de los medios en el sistema democrático. Más allá de las diferencias, el oficialismo y la oposición aprobaron por unanimidad una declaración expresando “su más enérgico repudio a todo acto de violencia, intimidación, hostigamiento y persecución que atente contra la labor de los periodistas y los medios de comunicación y contra toda conducta que impida el libre acceso a la información pública”.

Durante las casi seis horas de debate, la oposición fustigó al Gobierno por su política de comunicación y le reclamó a la Presidenta un freno a los escraches a periodistas, mientras que el oficialismo resaltó la importancia de la suspendida nueva ley de radiodifusión, criticó el accionar de los grandes medios privados y se desligó de los afiches sin firma y los episodios de violencia en la Feria del Libro.

El proyecto de declaración emitido ayer a la mañana por la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado se convirtió en el eje central y casi excluyente de la sesión realizada por la tarde. Presidida por María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica), la comisión consensuó un texto entre todos los sectores políticos. El único kirchnerista que participó fue Guillermo Jenefes, titular de varios medios en su provincia, ya que otros integrantes oficialistas, como Daniel Filmus, se encontraban en una actividad de la Comisión de Educación. Los periodistas mencionados en los carteles Magdalena Ruiz Guiñazú, Nelson Castro, Joaquín Morales Solá, Eduardo Van Der Kooy, Marcelo Bonelli, Edgardo Alfano, Ricardo Kirschbaum, más representantes de Fopea, asistieron a la reunión.

En el texto consensuado se condenó “todo tipo de conducta que impida el libre acceso a la información pública, en razón que constituyen actos que vulneran la libertad de expresión y el derecho a la información consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales”. Fue en el recinto donde se evidenciaron las diferencias entre los dos sectores.

“Espero que la Presidenta reflexione para que tome las medidas que sean necesarias con quienes están convocando al tribunal popular en la Plaza de Mayo contra periodistas que han sido difamados; sería muy grave que suceda eso”, sostuvo Estenssoro. También señaló que la militancia de Hebe de Bonafini no la habilita “a que organice tribunales populares” y lanzó sospechas sobre el financiamiento de su asociación.

“La máxima responsabilidad del Estado es de la Presidenta. Por eso reclamamos una actitud presidencial más convocante que en otro momento”, insistió el peronista disidente, Adolfo Rodríguez Saá. El radical Gerardo Morales celebró la unidad, aunque remarcó las diferencias: “Desde la oposición endilgamos responsabilidad en el Gobierno”.

Varios oficialistas replicaron el reclamo opositor al recordar que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, ya hicieron pública la postura del Ejecutivo sobre los acontecimientos. El titular del bloque K, Miguel Pichetto, respondió las alusiones opositoras al “miedo” de algunos periodistas: “El Gobierno ha permitido el ejercicio del reclamo y de la protesta y nunca ha habido una sola represión, ¿de qué miedo estamos hablando?”, preguntó, al tiempo que le recordó a los periodistas “el deber de informar con una mirada más equilibrada”. La aliada fueguina, María Rosa Díaz, fue también una de las más encendidas críticas del discurso opositor: “Cuando Juan Carlos Blumberg o Cecilia Pando convocaron a la Plaza de Mayo, a nadie se le ocurrió pedirle al Gobierno que intervenga para evitarlo”, aseguró.