Desde Madrid

El juez Luciano Varela que instruye la causa contra Baltasar Garzón por haber ordenado el proceso a los responsables de la dictadura franquista se apartó ayer voluntariamente del proceso. Garzón lo había recusado porque Varela indicó a quienes ejercen la acusación –Falange Española y la organización de ultraderecha Manos Limpias– cómo subsanar los errores en sus escritos de acusación. De esta forma, el juez se autoexcluye del proceso hasta que el Tribunal Supremo decida sobre la recusación y nombra a otro juez instructor para que siga adelante con el juicio.

En términos exclusivamente jurídicos la razón de Varela es muy clara. Garzón hizo una jugada legal más que correcta al recusarlo luego de que se hiciera público que Luciano Varela había ayudado a las acusaciones particulares a subsanar los errores en sus escritos legales. Si no lo hubiera hecho, la acusación popular corría el riesgo de caerse, ya que la fiscalía sostiene que Garzón no ha cometido delito. De este modo, según la defensa de Garzón, Varela dejó al descubierto su falta de objetividad, ayudando de un modo inadecuado a una de las partes.

Aunque desde el punto de vista político es plausible interpretar este movimiento del juez como una respuesta a la gigantesca presión popular que tuvo su momento culminante el pasado sábado, cuando se realizaron marchas en todo el país en apoyo al juez de la Audiencia Nacional. Varela proviene del riñón progresista de la magistratura y la presión que llega sobre todo del exterior es tan fuerte en relación a esta causa que su paso al costado también puede ser interpretado como una consecuencia lógica de este proceso.

A partir de ahora el Supremo nombrará a otro juez en esta que se ha demostrado como la causa con más mala prensa de todas. Y el nuevo magistrado deberá esperar que el alto tribunal proceda a confirmar o no a Varela al frente del proceso. Mientras tanto, este juicio contra Garzón entra en un cuarto intermedio, aunque las otras causas en su contra no se ven afectadas por la medida, ya que las instruyen jueces distintos.

Baltasar Garzón tiene abiertas tres causas contra él en el Tribunal Supremo y muchos temen que se termine por archivar la causa que guarda relación con la dictadura franquista y sus víctimas, por el daño que causa a la credibilidad de España en el exterior, de manera tal que se afloje la presión internacional y se lo termine condenando por alguna de las otras dos.

El proceso que se le sigue por el supuesto cobro de unos cursos universitarios que eran patrocinados por el Banco Santander al mismo tiempo que llevaba adelante una causa contra su presidente Emilio Botín, está en vía muerta porque Garzón ya demostró que actuó conforme a la ley, Por eso la causa que más preocupaciones despierta en su entorno es la relacionada con las escuchas que el juez ordenó realizar a los abogados de los imputados en el llamado “caso Gürtel”, una oscura trama de corrupción que involucra a las principales figuras del conservador Partido Popular.

El movimiento de Varela llega a mitad de una semana en la que la polémica en torno del caso ha alcanzado altas cotas y se ha podido ver cómo Izquierda Socialista, una corriente minoritaria dentro del PSOE, ha exigido al partido mayor compromiso en el apoyo popular al juez. En las manifestaciones que tuvieron lugar el sábado se sintió la ausencia del partido, a pesar de la presencia del sindicato UGT, cercano a los socialistas. Y en los discursos que se pronunciaron en algunas tribunas, como en la ciudad de Valencia, los participantes no dudaron en tirarle las orejas el PSOE porque no se está mojando los pies en defender al juez Garzón.

Según la prensa nacional, las órdenes de bajarle el perfil al apoyo público a Garzón han llegado desde la presidencia del gobierno. Al parecer José Luis Rodríguez Zapatero no quiere que el caso se politice hasta esos extremos y la decisión ha sido dejar que se transforme en un tema del partido y no del gobierno. Y como el caso Garzón se ha vuelto algo más que un proceso a un juez, el partido responde realizando homenajes a las víctimas de la dictadura y reivindicando su rol en la II República, un modo de ser coherente con su historia y situarse en punto de delicado equilibrio en un momento en que la causa Garzón comienza a volverse una papa demasiado caliente tanto para jueces como para dirigentes políticos.