El gobierno porteño llamó a licitación para la contratación de cámaras electrónicas y vigilancia privada para 133 edificios de distintas reparticiones, en tanto que un grupo de empresas del sector denuncia que la convocatoria fue hecha a la medida de una gran compañía del rubro. Los sobres con las ofertas se abren mañana y los empresarios que encabezan el cuestionamiento ya realizaron presentaciones en la Legislatura y en la Defensoría del Pueblo, en la que denuncian “discriminación a las pequeñas y medianas empresas”. Hoy presentarán un recurso de amparo ante la Justicia porteña y la diputada María José Lubertino formulará un pedido de informes para que el Ejecutivo dé explicaciones sobre el tema. Por lo pronto, en la Legislatura ya agregan una nueva pregunta para la interpelación del ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, responsable de la licitación: si el pliego fue redactado por el directivo de una empresa del sector –que sería amigo del ministro– que cuenta con grandes chances de ganar la licitación.

El gobierno de Mauricio Macri lanzó el llamado a licitación hace quince días. Se trata de un contrato para dotar a escuelas, hospitales, centros de salud, Centros de Gestión y Participación y otras oficinas, de cámaras de seguridad, acompañadas por un sistema de monitoreo que funcionará en el sexto piso del Ministerio de Seguridad, en la avenida Patricios, en Barracas. El sistema será monitoreado por efectivos de la Policía Metropolitana.

La licitación también apunta a reemplazar el actual sistema de vigilancia privada, que llevan a cabo pequeñas empresas, por una única compañía. El contrato prevé unas 200 mil horas hombre por mes –según el pliego–, lo que equivaldría a unos 1200 vigiladores.

Las empresas que actualmente prestan el servicio denuncian que los requisitos formulados en el pliego, directamente, las excluyen de la competencia: el artículo 25 pide que las candidatas tengan una facturación anual de al menos 100 millones de pesos anuales. “Si quieren pueden formar una Unión Transitoria de Empresas (UTE)”, dijo a este diario una fuente del Ministerio de Seguridad y Justicia. Sin embargo, el pliego dice expresamente que en el caso de conformar una UTE la suma de 100 millones debe ser el resultado de sumar la facturación de sólo dos de las empresas que la integran y no de todas.

“El gobierno de la ciudad discrimina a sus actuales proveedores en materia de seguridad, impidiéndoles participar”, se quejan mediante una solicitada las empresas Briefing Security, Comahue, Líderes Consultores de Seguridad, Murata, Global Security, Prenaval, Road Seguridad, Tech, Verini SA y Yusion SRL. “Casualmente son multinacionales las que quedarán en evidencia cuando se cumpla el acto licitatorio”, agregan. El abogado que representa a las empresas, Vicente Pla, les pone nombre propio: “Son Prosegur y Security las únicas que superan los requisitos”, afirma.

Casualmente, una empresa satélite de Prosegur es la que ganó la licitación para dotar de un sistema de seguridad al Area Despacho del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y la que obtuvo otro contrato para instalar cámaras en el edificio del Teatro Colón. Es la empresa que aparece como gran candidata para quedarse con este nuevo contrato, que superaría los 400 millones de pesos anuales.

La licitación prevé un contrato por cuatro años, prorrogable por uno más, lo cual comprometería a la futura gestión de gobierno, que asumirá dentro de dos años. Luego de vencido el contrato, los equipos quedan para la ciudad, aunque en fuentes del Ministerio de Seguridad estiman que para ese entonces “van a ser obsoletos”.

Esas mismas fuentes fundamentan la licitación en una necesidad de “reemplazar los actuales contratos con empresas que facturan un servicio que nadie puede controlar si realmente es prestado”. Esas empresas reprochan que en muchos casos cumplen con ese servicio desde hace 12 años, “más que satisfactoriamente” y que en muchos casos financiaron “más de seis meses de morosidad del gobierno, para pagar” salarios y otras obligaciones.