La captura de Adolf Eichmann en la Argentina y su traslado clandestino a Israel desataron una crisis política para el gobierno de Arturo Frondizi, jaqueado por militares y bajo fuerte presión de sectores nacionalistas y filonazis. Según un comunicado emitido por Israel, Eichmann había sido llevado “por un grupo de voluntarios” y el gobierno israelí sólo se había enterado cuando el capturado fue entregado a la policía de ese Estado. La Cancillería argentina, dominada por nacionalistas, rechazó el comunicado. Frondizi y David Ben Gurion, primer ministro de Israel, entablaron diálogo a través de intermediarios. En agosto, se convino secretamente en que la Argentina expulsaría al embajador israelí, que Jerusalén se disculparía por “los actos de algunos de sus ciudadanos” y que, sesenta días después, se nombraría un nuevo embajador. Recién en 2005 Israel admitió que los “voluntarios” eran agentes estatales.

Lo que el acuerdo no resolvió fue el pico de violencia antisemita protagonizado por Tacuara, con la complicidad de la Policía Federal y el apoyo abierto de los militares. Su acto más notorio fue el secuestro y tortura de la joven de 19 años Graciela Sirota.