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La Cámara Criminal Segunda de Neuquén condenó ayer con penas leves de entre 3 y 4 años de prisión a seis de los 27 policías que fueron juzgados por torturar a 45 detenidos de la Unidad 11 de la capital provincial en 2004.

En fallo dividido, los camaristas desecharon el delito de torturas por el que fueron llevados a juicio oral los 27 policías y condenaron a seis de ellos por “severidades y vejaciones calificadas”, una figura más leve contemplada en el Código Penal.

El policía José Antonio Corrilán fue condenado a cuatro años de prisión efectiva más ocho de inhabilitación para ocupar cargos públicos, en tanto Juan Carlos Aravena recibió una pena de tres años y tres meses de cárcel de cumplimiento efectivo más seis años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El ex jefe de requisa de la U11 René Fuentes y los policías Marcelo Alejandro Covati, José Luis Delfín Oses y Walter Crespo fueron condenados a tres años de prisión condicional más seis de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Los restantes 21 efectivos de la fuerza llevados a juicio fueron absueltos. El juez Luis María Fernández desechó el delito de torturas por el que la totalidad de los imputados llegaron a juicio oral al considerar que “para sostener esa acusación las lesiones producidas tienen que ser graves y se tienen que dar una serie de condiciones no acreditadas en el debate”.

Su voto contó con la adhesión del camarista Juan José Gago y la disidencia del presidente de la Cámara, Mario Rodríguez Gómez. El presidente de la Cámara, en cambio, tomó en cuenta informes médicos que corroboraron lesiones en distintas partes del cuerpo de las víctimas, como las detectadas en la planta de los pies de varios detenidos, quienes denunciaron haber recibido ese castigo con una vara de metal. Afirmó que “hubo una utilización irracional de las armas disuasivas” y destacó como antecedentes recientes el crimen del maestro Carlos Fuentealba en abril de 2007, quien recibió el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza disparado por un policía. Rodríguez Gómez sostuvo la acusación del delito de “torturas” contra los 27 imputados y compartió el planteo de la querella con penas de entre 8 y 15 años de prisión. El abogado de la querella, Federico Egea, cuestionó al camarista Fernández al indicar que “tomó por cierto todos los partes policiales” y sostuvo que apelará.