“La penalización del consumidor condujo a un atraso de décadas en el tratamiento de las adicciones”, sostiene Juan Sylvestre Begnis, asesor del Ministerio de Salud en Salud Mental, Adicciones y Salud Penitenciaria. Este atraso se manifestaría en “la falta de servicios adecuados y la carencia de suficientes profesionales entrenados en el tema”. La nueva estrategia procuraría minimizar las internaciones, “que marginan a las personas de los núcleos sociales donde podrían ser contenidas” y subrayarían “el trabajo sobre el entorno social y familiar de los pacientes”. Para lograrlo, se plantean: la instauración de “servicios de salud mental y adicciones” como superación de los servicios limitados a la psiquiatría; la capacitación de los profesionales de los centros de atención primaria, para que puedan atender los casos menos complicados, y la instauración de “centros de día” especializados en adicciones. Este esquema debiera poder aplicarse en todas las provincias antes de fin de año, para lo cual se proyectan acuerdos a nivel de las distintas legislaturas y financiación desde la Jefatura de Gabinete.

–La anterior estrategia, que consistía en perseguir al consumidor, condujo a un atraso de 20 años en el tratamiento de las adicciones. El enfoque actual se basa en un par de decisiones políticas centrales. La primera, como corresponde, es que la responsabilidad sanitaria sobre las personas con consumos adictivos se asigne al sistema de salud; que deje de ser considerada en términos de un sistema jurídico policial y que toda la fuerza de la Justicia y de la policía se dedique a enfrentar el narcotráfico, como ya lo han venido haciendo otros países. La otra es, dentro de la salud, ubicar las adicciones en el capítulo de salud mental –afirmó Sylvestre Begnis.

–¿Cómo se proyecta implementar estas políticas?

–La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, de reciente creación, está elaborando el plan: será concretado en un proyecto, con un presupuesto específico, que se presentará a la Jefatura de Gabinete. Esta se hará cargo de su financiación para el semestre que resta de este año; desde 2011, este presupuesto se incluirá en el Presupuesto de la Nación.

–¿Cuál es la óptica respecto de la internación en materia de adicciones?

–Se ha abusado de las internaciones. La experiencia recogida en distintos países es que la internación margina a la persona de la familia y de los núcleos sociales donde, en colaboración con la labor profesional, podría ser contenido y nutrirse. Es preferible no internar al paciente, porque, sobre todo cuando las internaciones se hacen largas, se hace muy difícil la reinserción social y familiar. Por supuesto, una persona con coma alcohólico necesita, para desintoxicarse, una internación, que no tiene por qué durar más que uno o dos días.

–Sería una internación por razones de su estado clínico, más bien que para resolver la adicción.

–Sí. Es claro que el tratamiento ambulatorio requiere además el estudio del ámbito social, económico, familiar, del paciente. Si no se estudia ni se trabaja con el medio en el que el paciente se desenvuelve, el riesgo de que recaiga o agrave el consumo es muy alto.

–¿Qué dispositivos se plantean para este criterio de abordaje?

–El gran desafío es lograr, con la mayor velocidad, la implementación en los hospitales públicos de servicios, que reflejen las actuales políticas en salud mental y en drogas. Se trata de que no sean “servicios de psiquiatría”, sino, mejor, servicios de salud mental y adicciones. Por lo demás, gran parte de la tarea debe correr por cuenta de los centros de atención primaria, para lo cual hay que capacitar a los médicos y enfermeras generalistas en el tema drogas. No tenemos todavía recursos humanos en cantidad suficiente. Pero es muy importante que en las “salitas” de los barrios se puedan manejar problemas menores, también en este campo, sin necesidad de que todo se derive al servicio especializado. Hay 6600 centros de atención primaria en la Argentina. También nos planteamos el alquiler de casas para centros de día en prevención y tratamiento de adicciones.

–¿Cómo se implementarían estos propósitos, tomando en cuenta que las decisiones sobre salud están descentralizadas en las provincias?

–Hacen falta acuerdos con las provincias y también transferir recursos para potenciar los presupuestos. Es necesario que el programa llegue a todas las provincias, de ser posible antes de fin de año. El próximo 4 de junio se reúne el Cofelesa (Consejo Federal Legislativo de Salud), que abarca a las comisiones de salud de todas las legislaturas: debería promover leyes congruentes con la política que nos involucra. Es importante homogeneizar el marco jurídico de las provincias y la Nación, y en el Cofelesa propondremos que los legisladores presenten, en cada provincia, proyectos de adhesión a la ley nacional, o que desarrollen leyes propias en este marco.

–¿Qué lugar tendría en este proyecto la reducción de daños?

–Es una estrategia que no vamos a eludir. Afortunadamente, en la Argentina no tenemos problemas graves de consumo de heroína, que, en varios países de Europa, llevaron a instalar salas donde las personas puedan recibir inyecciones de droga bajo condiciones controladas, que eviten mayores daños. Pero en todo caso procuraremos respetar a las personas en sus deseos y en su derecho a decidir, sin perjuicio de proponerles los tratamientos que puedan preservar su vida.