Mauricio Macri está haciendo historia: por primera vez, los tres poderes de la ciudad discutieron en una audiencia pública sobre el “conflicto de poderes” que planteó la gestión PRO. El cruce ocurrió en la fastuosa sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), mientras una movilización de organizaciones sociales y curas villeros denunciaba un “ataque de Macri a la Justicia”. En el banquillo estuvieron tres de los jueces contra los que el líder de PRO suele despotricar: Elena Liberatori, Roberto Andrés Gallardo y Guillermo Scheibler. “Los obstáculos a remover no son nuestras sentencias, sino nosotros mismos”, advirtió Liberatori. Scheibler cuestionó el doble estándar del macrismo: critica al fuero contencioso local, pero recurre al nacional por las reservas. “La ciudad no es una estancia. No vamos a ser capataces de un patrón de estancia”, apuntó Gallardo. “Es un juez muy polémico que junto a un grupito de adherentes está demostrando que hace más política que Justicia”, lo fustigó Macri.

Todo partió de la propuesta del jefe de Gobierno para el TSJ de Daniela Bruna Ugolini, una fiscal que fue cuestionada por sus recurrentes dictámenes a favor del oficialismo y en contra de derechos sociales, al trabajo o a la salud. Cinco fallos detuvieron el proceso por irregularidades, entre ellas, el intento de adelantar la votación para que no quedara en manos de la actual Legislatura. Al final tampoco logró reunir los votos con la anterior.

Macri se presentó ante el TSJ, que mandó a secuestrar los expedientes y allanó el camino para la votación. Pero se salteó la segunda instancia de apelación, a la que el gobierno porteño nunca recurrió. No contentos con esto, los macristas impulsaron el “conflicto de poderes” desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. En la audiencia de ayer en el TSJ hablaron representantes de ambos poderes, frente a un auditorio de legisladores opositores, que cuestionaron a Macri por su avanzada hacia los magistrados porteños. Esto se suma a la amenaza de juicio político al juez federal Norberto Oyarbide, algo por lo que lo criticó hasta su ex aliado Francisco de Narváez.

Juicio a los jueces

“No suma a la institucionalidad mezclar política y religión frente a un fallo judicial. Ese espectáculo no suma”, se quejó Macri. “Gallardo y Liberatori trataron de frenar un nombramiento que Macri tiene total autoridad para realizar”, twitteó el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Tanto el representante del Ejecutivo, el procurador adjunto Juan Alterini, como el abogado que patrocinó al vicepresidente primero de la Legislatura, Oscar Moscariello, siguieron la línea que marcó Rodríguez Larreta: argumentaron que la potestad de Macri de definir a la candidata al TSJ no es judicializable. Alterini defendió la decisión del TSJ de retirar los expedientes y aseguró que “no implica per saltum, como escuché con penosa frecuencia”. El funcionario PRO consideró que los jueces transgredieron “el estado de Derecho y la división de poderes”, y les sugirió que, en todo caso, renuncien y se dediquen a la política.

El abogado de la UCA que contrató Moscariello, Alfonso Santiago, definió los fallos como un “tamaño atropello de jueces inferiores” y exigió que el TSJ declare que “el Poder Judicial carece de atribuciones sobre la Legislatura”. El fiscal general Germán Garavano se sumó a los argumentos del oficialismo. Denostó a los jueces por “el marco de propaganda”, en alusión a la conferencia de prensa que dieron y al acto en la calle que molestó a los macristas expositores. El fiscal general consideró que los jueces actuaron infundadamente y aseguró que no se los quiere “amordazar”.

El representante del Consejo de la Magistratura porteño, Horacio Corti, consideró, en cambio, que “no está probado lo que plantea el Ejecutivo”, y se ocupó de señalar “la fragilidad jurídica de la demanda”. “No hay un ejercicio abusivo de la competencia, ni mucho menos un conflicto de poderes. Esta es una situación inédita e inesperada”, concluyó.

Doble estándar

Luego llegó el turno de los jueces. Empezó Liberatori, que se autodefinió con ironía como una “inferior jueza” y anunció que se reserva el derecho a acudir a la Corte Suprema e incluso a la CIDH. Recordó que la medida cautelar que concedió tenía como fundamento que los antecedentes de Ugolini estaban publicados en forma ilegible en la página web del gobierno porteño y bajo el rubro “licitaciones y compras”. La jueza desplegó una gigantografía de la solicitada y les dijo a los Supremos: “Los desafío a que me digan si esto es legible”.

–¡Silencio! ¡Silencio o hago de-salojar la sala! –se ofuscó Ana Conde, presidenta del TSJ, ante los aplausos y hasta un grito de “¡Vamos Elena todavía!”.

“El Ejecutivo no apeló y optó por el conflicto de poderes, que es cuando un poder se arroga la función de otro. ¿Cuál sería el hipotético exceso del juez?”, se preguntó Liberatori. “El jefe de Gobierno exhibe hacia algunos jueces una marcada inquina: empezó por hacer chistes sobre mi apellido, le pidió a un supuesto marido mío que se hiciera cargo como si fuera una menor y, vuelta a vuelta, me amenaza con pedirme juicio político. Esto deja en claro a dónde se quiere ir con este expediente”, remarcó Su Señoría. “Hay un doble estándar: ni la presidencia del Banco Central ni los fallos sobre las reservas dieron lugar a que se hablara de exceso de funciones de los jueces. El oficialismo de aquí es allá oposición. Esos jueces son buenos y nosotros, no”, ironizó.

“No hay conflicto de poderes sino una concepción de poder que busca abstraerse de los controles. Lo que ocurrió fue un per saltum quíntuple. Cinco jueces vieron que sus expedientes, un día, se fueron”, comenzó Gallardo. “Si la Legislatura actualmente puede votar el pliego de Ugolini, ¿qué sentido tiene este proceso?”, se preguntó. “Yo encuentro una sola respuesta: es la que ha demostrado este gobierno hacia el fuero contencioso. Adolece de un problema con el control. Este pleito tiene la función de asustar, pero ya estamos acostumbrados. Si cumplir la Constitución es ser indisciplinados, seguiremos siendo indisciplinados”, desafió. “El TSJ puede elegir entre una ciudad con Justicia real o un modelo de poder autoritario y estanciero. Lo que no van a poder elegir jamás son las consecuencias históricas de esa decisión”, les advirtió.

Scheibler cuestionó los escritos macristas que hablan de “decisiones políticas no judiciables”. “El Gobierno defiende la aplicación de una doctrina que está internacionalmente prohibida. La CIDH falló contra la Argentina en un caso por esta doctrina”, apuntó. Scheibler recordó que se lo había cuestionado por hacer lugar a un planteo de siete legisladores de Proyecto Sur y se ocupó de leer los fundamentos de la jueza María José Sarmiento para aceptar el pedido de Pinedo. “Algunos jueces son los salvadores de la República y otros somos los violadores de la Constitución”, advirtió. Entre gritos de una tribuna a la otra, el TSJ dispuso que dictará sentencia en un plazo de 80 días.