Tras el recambio parlamentario de diciembre pasado, los diputados de tres comisiones citaron ayer a la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en materia de Prevención y Control del Tráfico de Estupefacientes. Fue, como dijo uno de los anfitriones, el diputado Fabián Peralta, “un primer encuentro para abrir canales de comunicación”. Mónica Cuñarro, titular de la Comisión Nacional, resumió los avances y temas pendientes para cambiar el paradigma actual sobre las drogas. Durante el debate varios diputados de la oposición plantearon llevar ellos mismos al recinto del Congreso los anteproyectos de ley elaborados por los especialistas para la Jefatura de Gabinete de la Nación. “Nadie puso en duda que el consumo de drogas es un tema socio-sanitario y no penal, fue un gran avance”, dijo Cuñarro a Página/12 tras el encuentro.

La reunión comenzó a las 11.20, en el anexo del Congreso, con una sala repleta de funcionarios de los ministerios de Salud, Desarrollo Social, Educación, Trabajo, Cancillería y una variada comitiva de asesores de la Comisión Nacional de Políticas Públicas de Drogas: jueces, sociólogos, sanitaristas, toxicólogos, psicólogos, policías y gendarmes. De hecho, tras la primera hora de charla, este grupo superaba en número a los diputados de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública y de Legislación Penal.

“Quiero empezar aclarando que para nosotros el fallo Arriola de la Corte Suprema es el piso mínimo de legalidad para cualquier reforma que se haga en el tema drogas”, dijo Cuñarro, en referencia al fallo que el año pasado declaró inconstitucional penar la tenencia de drogas para consumo personal. Luego diferenció la oferta de drogas de su consumo y aclaró que el primero es un tema penal y el segundo pertenece al ámbito socio-sanitario. Y señaló que desde hace décadas se judicializan sin razón los tratamientos a usuarios y adictos.

Sentadas las bases, mediante un Power Point, Cuñarro resumió los documentos públicos elaborados por su comisión cuando ésta era todavía un Comité Científico (después la presidenta Cristina Fernández de Kirchner jerarquizó a este grupo por decreto). “En 2007, el entonces ministro del Interior Aníbal Fernández nos pidió un análisis de la ley vigente; de ese análisis se desprendieron trabajos sobre el fracaso de esta ley, el ineficiente control de los precursores químicos que sirven para sintetizar drogas, los derechos de los usuarios y sobre el lavado de dinero”, contó la fiscal, de licencia desde entonces.

Se abre la ronda

La comisión que encabeza Cuñarro presentó los lineamientos para un plan de drogas a aplicar en los próximos cinco años. Allí se recomienda que la internación de los adictos sea la excepción y no la regla y que haya coordinación de los ministerios, tanto para perseguir el narcotráfico como para atender y luego insertar en la sociedad a los usuarios problemáticos de drogas. La fiscal, antes de terminar su exposición, también informó que se impulsaron, con éxito, la reglamentación de la ley sobre el alcohol y una norma para controlar la venta de medicamentos.

La primera en tomar la palabra tras la exposición de Cuñarro fue la diputada por el Peronismo Federal Ivana Bianchi, quien preguntó cuántas camas disponibles había en el país para atender a los adictos. El director técnico de la comisión, el sociólogo Alberto Calabrese, respondió que había en total 2000 camas y estimó que eran más que suficientes, desconcertando a la diputada.

“Hace años que se cree que los adictos hay que sacarlos y aislarlos de la sociedad como si pudieran contagiar –explicó Calabrese–, ni hablar de la cantidad de comunidades terapéuticas autoritarias que hay. Le recuerdo que uno de 30 casos es grave al punto de internación, muchas de las personas tildadas de adictas son a lo sumo abusadores, por eso es preferible empezar por las internaciones breves.” Cuñarro completó informando que muchas personas internadas crónicamente, que deberían irse, se quedan porque no tienen dónde ir: “O sea, es un problema más social que de salud”. También informó que se había creado una Dirección de Salud Mental y Adicción en el Ministerio de Salud, cuyo director es el psicólogo Yago Di Nella, y le repitió que la internación es el último recurso.

La diputada Natalia Gambaro, del Peronismo Federal, preguntó por el cruce de competencias con la Sedronar, una secretaría de Estado que trabaja en el tema. “Decreto posterior deroga decreto anterior”, respondió Cuñarro, sin entrar en detalles, pero dando a entender que la jerarquización de su comisión es, en parte, el reconocimiento de la ineficiencia de esta secretaría, cuyo titular, José Granero, prometió que si se despenaliza la tenencia de drogas para uso personal renuncia. El diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega, presidente de la Comisión de Legislación Penal, felicitó a Cuñarro y sus asesores y dejó planteada su preocupación por el presupuesto.

Juan Sylvestre Begnis, flamante asesor del ministro de Salud, Juan Manzur, contó que había discutido el tema con Aníbal Fernández y éste le había asegurado que los recursos saldrían de la Jefatura de Gabinete nacional, al menos para el primer semestre. “El miércoles que viene vamos a discutir el tema en detalle con Fernández”, confió. El diputado oficialista Timoteo Llera, de Misiones, tomó la palabra para hablar maravillas del trabajo de un centro de tratamiento en su provincia, contó que él mismo donaba dinero y quiso saber si lugares como éste serían financiados por el Estado.

Begnis respondió que en sus planes estaba incluida la transferencia de dinero para los que trabajan “bien” el tema. El juez Martín Vázquez Acuña, integrante de la comisión, acotó: “No se olviden de que las obras sociales y las prepagas están obligadas a cubrir el tratamiento, no es cuestión de cargar todo al Estado nacional”.

Dámelo a mí

El diputado Fabián Peralta, de GEN y titular de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, quiso saber cómo se mejoraría la relación entre los jueces y la policía en los operativos antinarcóticos. En su respuesta, Cuñarro mencionó las distintas acciones para unificar los criterios de las fuerzas policiales ante los decomisos: “Antes, un cigarrillo de marihuana y un kilo de cocaína se cargaban igual en los registros, lo que no permitía un trabajo estadístico serio; eso cambió”. Luego, la fiscal mencionó el anteproyecto de ley que elaboró junto a la jueza Patricia Llerena para mejorar los controles para detectar el lavado de dinero.

“El principal problema es la falta de compromiso de los sectores privados, que no se preguntan de dónde saca la plata alguien que trae 600 mil dólares y compra yates, departamentos, cuando a todos nos cuesta un montón conseguir un crédito. También faltan cruces de datos reales entre los organismos públicos y la inspección, por ejemplo, de las personas jurídicas. Además, hay provincias que controlan menos que otras los precursores químicos, entonces los narcos se mudan de un lugar al otro”, ejemplificó Cuñarro.

Promediaba una hora y media de charla, cuando el diputado de la Coalición Cívica Horacio Piamonte le insistió a Cuñarro para ver los anteproyectos elevados al jefe de Gabinete de la Nación. En concreto, se habían mencionado una norma para perseguir el lavado de dinero y controlar el reparto de bienes decomisados a los narcotraficantes, otra sobre internación de adictos y la reforma de la actual ley de drogas.

“Nosotros podríamos aprovechar el trabajo que hicieron ustedes, si tenemos los proyectos y los presentamos”, consideró Piamonte. La fiscal hizo su oferta: “Claro, puede buscar el número de expediente y presentarlas usted mismo”. Al terminar la reunión, se acercó un grupo de diputados del Partido Socialista, la Coalición Cívica, PRO y la UCR para reforzar la propuesta de Piamonte. Un rato antes, Cuñarro había asegurado que “hay un vacío legal que debe ser saneado con legislación”. Ayer, sobraba la buena voluntad.