“La Argentina es un Estado laico y nadie debería pretender imponer fórmulas sobre salud sexual en las que la ciencia obedezca a la religión”, afirmó Carmen Argibay, ministra de la Corte Suprema, al criticar un fallo de la Corte (en una composición anterior) que había prohibido la “píldora del día después”. Lo hizo en el Encuentro Internacional sobre Violencia de Género –que finaliza hoy–, en el mismo panel donde la investigadora Mariana Romero señaló “tres áreas de inequidad” entre mujeres de distintos sectores sociales: el acceso al aborto no punible; el acceso a anticonceptivos y el derecho a ser acompañada durante el parto –que sólo se otorga al 17 por ciento de las mujeres en hospitales públicos del conurbano–. Además, y entre sonrisas, la doctora Argibay dio respuesta definitiva a una pregunta milenaria: ¿qué quieren las mujeres?

La ministra Argibay recordó “un fallo terrible” de la Corte Suprema, hace nueve años, cuando, por cinco votos contra cuatro, prohibió la “pastilla del día después”, la anticoncepción oral de emergencia, aduciendo que era abortiva. “No es abortiva porque sus mecanismos de acción son espesar la mucosidad del cuello uterino, de modo que los espermatozoides no puedan pasar, e impedir que el óvulo baje desde el ovario por la trompa –explicó Argibay, con auxilio de esquemas ilustrativos–; en ambos casos, la píldora impide, no la anidación sino la fertilización. El error de considerarla abortiva obedece a haber mezclado lo científico con lo religioso, lo cual trae grandes problemas. La Argentina es un Estado laico y nadie debiera poder imponer a otros sus creencias religiosas”, sostuvo la jueza, en el panel sobre “Acceso a los derechos sexuales y reproductivos” del encuentro organizado por la Defensoría General de la Nación, que finalizó ayer.

Argibay recordó que “en la Argentina, el 21 por ciento de la mortalidad en mujeres se debe a abortos clandestinos, especialmente entre jóvenes, pobres y con bajo nivel educativo. Las mujeres que tienen dinero abortan en clínicas con todas las garantías, mientras que en hospitales públicos no hay atención y las mujeres de esos otros sectores sociales o bien mueren o, después, cuando quieren ser madres, no pueden porque tienen el útero destruido”.

Mariana Romero, investigadora del Conicet y del Cedes, mencionó “ejemplos de vulneración de derechos”. El primero se refirió “al derecho a estar acompañada durante el parto por una persona de su elección, generalmente el marido”; lo garantiza una ley nacional de 2004. Pero una investigación efectuada sobre 63.060 nacimientos, en el área metropolitana de Buenos Aires, muestra que, si bien en 2006 la proporción de mujeres acompañadas en hospitales públicos había aumentado, en el conurbano no superaba el 17 por ciento; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzaba el 50 por ciento y, en el conjunto del área metropolitana, la proporción de mujeres acompañadas no superaba el 25 por ciento”.

Los investigadores interrogaron a los médicos tratantes, y obtuvieron respuestas como: “Podrían venir acompañantes pero sólo si hicieran el curso y se trajeran la ropa...”; “No tenemos condiciones de infraestructura...”; o incluso que “si las acompañan, ellas se ponen nerviosas...”. En cambio, “en las instituciones privadas, a la mujer le resulta fácil acceder a este derecho, lo cual delata una situación de inequidad”, señaló Romero

El tercer ejemplo es el del aborto no punible, garantizado desde 1922 por el artículo 86 del Código Penal. En grupos focales sobre este tema, “los médicos sostenían que no podían admitir por sí mismos el aborto no punible a ‘mujeres que dicen haber sido violadas’, como si fuera tan fácil inventarlo; decían los médicos que ‘en mi consultorio hago lo que quiero, pero en el hospital necesito mayor protección’, y reconocían: ‘Tenemos miedo’”, contó la investigadora.

Romero recordó que “el Ministerio de Salud de la Nación (durante la gestión de Ginés González García) elaboró guías para la atención de abortos no punibles, que no se difundieron y ahora están ‘en revisión’”.