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Por Horacio Cecchi y
Raúl Kollmann

Se cerró el primer capítulo del caso García Belsunce II. El doctor Juan Carlos March, especialista en certificados de defunción, fue procesado por el juez porteño Julio Lucini como responsable en la falsificación de documento público –para el caso, el certificado que determinaba la muerte no traumática de la asesinada María Marta García Belsunce–. Lo acompañó, como partícipe secundario, el funebrero Oscar Sierco. Ambos fueron excarcelados ya que, por una cuestión de tiempos, el juez sólo pudo analizar el caso del certificado trucho de María Marta, y los sobreseyó del cargo de asociación ilícita. Pero la investigación continúa: además de que se tomarán 60 testimonios por otros 60 certificados marchianos, en los próximos días se realizarán dos exhumaciones. Corresponden a un matrimonio, ambos integrantes fallecidos en julio de este año de muerte natural según el médico firmante (March). El hombre murió a las 8 y la mujer a las 13.30. Como ya informó Página/12, se investiga si la hora de muerte fue trastrocada, o sea, si la mujer murió primero. Cuestión de herencias.
El 13 de diciembre pasado, el titular del Registro Civil porteño, Félix Pelliza, presentó una denuncia penal por falsificación de documento público contra Juan Carlos March. Las evidencias públicas ya eran escandalosas: María Marta había muerto por un golpe contra los grifos de la ducha –según la familia– o por cinco balazos en la cabeza según la autopsia realizada un mes después de su muerte. Pero según March, que extendió el certificado de defunción, la vicepresidenta de Missing Children había sufrido una apacible muerte natural no traumática.
En la declaración jurada del defuntólogo señalaba que la muerte, además, no había ocurrido en el Carmel Country Club sino en Capital y él la había constatado personalmente a las once de la noche. Diez minutos antes de las 23 de ese mismo 27 de octubre, March visitaba personalmente –según otro certificado– el cadáver de otra mujer, también fallecida de muerte apacible pero en Haedo, con lo que no sólo la velocidad de March para llegar de un lugar a otro comenzó a ser analizada con lupa, sino que además se sospechó que la causa de muerte citada en ese segundo certificado podía ser tan trucha como el de María Marta. Nunca se sabrá: “Fue cremada a pedido de sus familiares”, lamentó una fuente judicial.
Una semana después de la denuncia de Pelliza, el juez Julio Lucini ordenó la detención de Guillermo Bártoli, cuñado de María Marta, cuando se encontraba sobre un ferry camino a la vecina orilla. Fue el primer detenido del caso. Había firmado el certificado trucho, como familiar de la víctima que por entonces sólo era víctima de un corazón en problemas. A Bártoli lo siguieron nueve detenidos de Casa Sierra, la empresa fúnebre que realizó los trámites correspondientes al q.e.p.d. de María Marta. Entre ellos, Oscar Sierco y Marcelo Ferrín, y dos de los hermanos Sierra. Por último, March, a quien hallaron en uno de los seis domicilios que tiene registrados como médico, el que le tocaba a la comisaría 5ª de Morón. Bártoli y siete de los empleados de la funebrera fueron liberados.
El juez “planteó una hipótesis de máxima –reveló una fuente del juzgado–: determinar que se expedían certificados con causas de muerte que no se correspondían con la causa real, ya sea por motivos sucesorios, encubrimiento de un crimen y otros más. Por los tiempos procesales -vencía el plazo para definir la situación de los detenidos–, sólo se tomó el certificado de García Belsunce”. Por ese documento, Lucini procesó a March como responsable del delito de falsedad ideológica, “porque se encontró que fue él quien firmó el certificado –prosiguió la fuente–. A Sierco como partícipe secundario, porque estuvo en connivencia con March y se lo tiene como responsable de llenar el certificado con datos falsos”.
Ambos fueron liberados, ya que la pena es de uno a seis años. A Ferrín no se le encontraron pruebas en contra en el caso García Belsunce II, y fue sobreseído. Y los cuatro (incluyendo a Bártoli) fueron sobreseídos de la asociación ilícita. En realidad, este último sobreseimiento esprovisorio: depende de que el juez encuentre o no las pruebas que no pudo analizar por falta de tiempo. Esa tarea no es sencilla: ya tiene en sus manos al menos 60 certificados firmados por March. “No son como el caso García Belsunce –sostuvo una fuente del juzgado–, donde la investigación se inició de atrás para adelante. Ya estaba probado el homicidio, con lo que resultó más sencillo. Pero ahora hay que analizar de adelante hacia atrás”. En pocas palabras, el juez y su equipo deberán investigar en qué forma murió cada uno de los 60 finados, y contrastar con la causa asumida por March.
Para empezar, Lucini ordenó la exhumación de un matrimonio fallecido en julio pasado, cuya historia ya anticipó Página/12: según March, el hombre murió a las 8 y la mujer a las 13.30 del mismo día. La mujer tenía un hijo de otro matrimonio. La suspicacia está puesta en la causa de muerte, en la fecha y en el horario: los investigadores quieren corroborar esos datos. Si el hombre hubiera muerto después de la mujer, la sucesión pasaría a otras manos. En los próximos días se exhumarán los dos cuerpos. Nadie sabe con qué se van a encontrar. Pero ya nadie descarta los pitutos.