Tal vez sea recordada como “La conferencia rebelde”: la Conferencia Internacional sobre Sida se cerró ayer, dejando planteados dos puntos en los que la comunidad dedicada al VIH-sida cuestiona el actual ordenamiento internacional. El primer cuestionamiento –de alcances estructurales– está dado por el categórico repudio “al régimen de criminalización a usuarios de drogas que persiste con aval de las Naciones Unidas”, ya que “aparta a los usuarios del sistema de salud e incrementa su riesgo de contraer el VIH”; esta declaración oficial de la Conferencia, suscripta además por más de 12.000 de sus participantes, se manifiesta a favor de la despenalización de los consumidores y sostiene la estrategia de reducción de daños. El segundo cuestionamiento surge como respuesta al hecho de que, por primera vez, los fondos para combatir la epidemia empezaron a reducirse, en el marco –o bajo el pretexto– de la crisis económica que afecta a los países centrales. “Cuando hizo falta plata para los banqueros o la industria automotriz, la encontraron enseguida, porque son amigos de las empresas”, denunció el argentino Julio González Montaner –presidente saliente de la Sociedad Internacional de Sida– y calificó de “traidores” a los dirigentes del Grupo de los 8. En la Conferencia también se advirtió sobre “la alta tasa de VIH en las cárceles, que afecta a toda la comunidad”.

Anoche, una fuerte tormenta eléctrica –por la cual la temperatura en Viena, que había llegado a 30 grados en la jornada de ayer, bajó diez grados en breve lapso– daba un marco atronador a la despedida de 25.000 profesionales y activistas que se aprestaban a dejar la ciudad. La Declaración de Viena, documento oficial de la 18ª Conferencia Internacional, está suscripta por la Sociedad Internacional de Sida, el Centro Internacional por la Ciencia en Política de Drogas (Icsdp) y el Centro por la Excelencia en HIV-sida de British Columbia; además fue firmada personalmente por 12.725 asistentes al encuentro. Advierte que “la criminalización de los usuarios de drogas ilícitas agudiza la epidemia de VIH y conlleva consecuencias sanitarias y sociales absolutamente negativas”, por lo cual “es necesaria una política de completa reorientación”.

“Un amplio régimen de prohibición de drogas sigue siendo desarrollado con el sostén de las Naciones Unidas”, señala el documento, y advierte que “décadas de investigación permiten una evaluación abarcativa de los impactos de la ‘guerra contra las drogas’, que se libra globalmente. En esa evaluación, “no hay evidencia de que incrementar la ferocidad en la aplicación de la ley pueda reducir la prevalencia del uso de drogas”, y precisa que “por fuera del Africa subsahariana, el uso de drogas inyectables da cuenta de uno de cada tres nuevos casos de VIH. En áreas donde la epidemia se expande más velozmente, como Europa del Este y Asia central, la prevalencia de VIH trepa al 70 por ciento entre los usuarios de drogas inyectables y, en algunas regiones, más del 80 por ciento de todos los casos de VIH corresponden a este grupo”.

Por eso, “la epidemia de VIH es alentada por la criminalización de las personas que usan drogas ilícitas y por prohibiciones de distribuir jeringas estériles y tratamientos sustitutivos”. En este marco se registran “aumentos explosivos del VIH entre usuarios de drogas encarcelados e institucionalizados, como resultado de las políticas punitivas y de la falta de servicios de prevención en esos lugares”. La Declaración de Viena exige “emprender una revisión transparente sobre la efectividad de las actuales políticas de drogas”; “implementar abordajes individuales y comunitarios basados en las ciencias de la salud”, “descriminalizar a los usuarios de drogas” y “abolir los ineficaces tratamientos compulsivos, que violan la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Pedro Cahn –ex presidente de la Sociedad Internacional de Sida– comentó a este diario que “como la mayoría de los consumidores de drogas son sexualmente activos, las infecciones que puedan contraer por estar marginados de los servicios de salud se transmiten al resto de la comunidad”.

El otro problema grave que la Conferencia deja planteado es la disminución en los fondos asignados al Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Para el presente año, las Naciones Unidas se habían comprometido a lograr un acceso libre y universal a los tratamientos, pero sólo cinco de los quince millones de personas que deberían recibirlos obtienen el beneficio. Pese a que Barack Obama envió un mensaje por video en el que reiteró el compromiso de “esfuerzos para prevenir y tratar el VIH-sida”, el aporte efectivo de Estados Unidos se redujo de 1050 a 1000 millones de dólares, como también lo hizo el de los principales países europeos.

Manfred Nowak, relator especial de la ONU sobre la tortura, deploró “la falta de voluntad de muchos gobiernos para enfrentar el problema del sida en las cárceles”, donde “las malas condiciones de vida, la falta de asistencia médica, de jeringas y de preservativos hace que la prevalencia del sida sea muy alta”. Nowak recordó que “30 millones de personas entran y salen de las cárceles cada año: éste no es sólo un problema de salud en las prisiones, sino en la comunidad”.

El VIH-sida afecta a 33 millones de personas en todo el mundo; cada día se infectan 7400 personas y la mortalidad llegó a dos millones de personas en 2008, principalmente en los países sin acceso a los tratamientos.