La primera audiencia pública por la reforma a la ley sobre la trata de personas –la 26.364, sancionada en abril de 2008 y nunca reglamentada– se realizó ayer en la Cámara de Diputados, con la participación de diputados de distintos bloques y organizaciones sociales que manifestaron propuestas para la modificación de la norma. Uno de los puntos centrales expuestos en la audiencia es la propuesta para “eliminar el punto que no considera trata de personas los casos de mayores de 18 años en los que hay un presunto consentimiento de la víctima” a participar en la actividad de explotación, explicó a Página/12 Fabiana Túñez, representante de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, una de las organizaciones presentes en el debate. Además, se planteó la necesidad de aumentar las penas de prisión máximas y mínimas para tratantes y proxenetas, se propuso el decomiso de los bienes de los tratantes y la penalización de los clientes de la prostitución.

El debate del texto de la nueva norma que penaliza la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, sancionada en 2008 pero que nunca fue reglamentada, tuvo lugar ayer a la tarde con la primera audiencia pública, convocada por las comisiones de Legislación Penal, presidida por el diputado Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, y la de Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia, a cargo de la diputada Claudia Rucci, del Peronismo Federal. Al analizar los resultados de la audiencia inicial, la diputada María Virginia Linares (GEN) aseguró que “hay una decisión política de avanzar con la modificación de la ley de trata. Hoy se escuchó a algunas víctimas de explotación laboral, rescatadas de talleres clandestinos, y a distintas organizaciones, y todos dieron sus puntos de vista de las cosas que se deberían modificar”.

En la misma línea, la diputada Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica, sostuvo que “se puede llegar a un consenso muy interesante que no es el que se dio hace dos años”, cuando se aprobó la ley en un contexto signado por el desacuerdo de varias organizaciones sociales en alguno de los puntos de esa norma.

Entre las propuestas de las organizaciones sociales para modificar la ley de trata se incluyen “la confiscación de los bienes de los tratantes y proxenetas. Y que lo recaudado en esa confiscación se destine a un programa sobre víctimas de trata”, informó Túnez. También “se pide la penalización del cliente, porque entendemos que sin clientes prostituyentes no existiría ni la trata ni la prostitución”, manifestó.

El endurecimiento de las penas para el delito de la trata es otro de los pedidos de modificación que expresaron las organizaciones participantes, entre ellas la Fundación La Alameda, la Red No a la Trata y Fundación María de los Angeles Verón, entre otras. La ley original preveía penas de entre tres y seis años de prisión a quien capte, traslade y reciba personas con fines de explotación sexual o laboral. “Pedimos que se apliquen las mayores penas permitidas en el Código Penal”, señaló la referente de La Casa del Encuentro. El punto sobre el que debe ser probado que no hubo consentimiento por parte de la víctima mayor de edad es debatido para que sea sacado de la nueva norma. “En ese punto hay mucho acuerdo”, afirmó Gil Lozano. Además, según Túnez, “el consentimiento no puede existir cuando las víctimas de trata son torturadas, amenazadas, drogadas y golpeadas”.

Otros de los puntos que deberán ser trabajados en comisiones es que “no debe haber diferencia de edad, las víctimas son víctimas sin importar la edad”, sostuvo Gil Lozano. También “se demostró un acuerdo en que haya un programa de asistencia y prevención a la víctima de la trata, con un presupuesto asignado, porque el actual no funciona”, indicó. También manifestó la idea de reformar los organismos de investigación para el combate de este delito.

Informe: Rocío Ilama.