La jueza Elena Liberatori obligó ayer al gobierno porteño a que apuntale, en menos de 48 horas, una vivienda ubicada en la Avenida de los Constituyentes al 4800. El amparo fue presentado por el dueño de la vivienda, quien consideró que tanto él como su familia están en riesgo, según la magistrada “de sufrir un perjuicio irreparable en su integridad física y en el inmueble de su propiedad”. La administración encabezada por Mauricio Macri está realizando en la zona demoliciones por las obras de ensanchamiento de la Avenida de los Constituyentes. En tanto, en la causa por el derrumbe de Villa Urquiza, el gobierno porteño denunció formalmente al ingeniero Guillermo Heyaca Varela, a cargo de la obras que habrían provocado la tragedia, por el delito de “estrago”, cuya pena va de 8 a 20 años de prisión.

“En principio, del informe técnico aludido se desprende la incidencia de la demolición llevada a cabo en la finca lindera en la producción de tales perjuicios”, sostuvo en su fallo la magistrada a cargo del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. El vecino detalló que entre los daños en su casa por esos trabajos sufrió rajaduras en paredes, zócalos y el techo, y que se encuentra sin los servicios de agua y sanitarios. Liberatori también ordenó al gobierno que repare los caños subterráneos cloacales y todos los daños que sean “originados por las vibraciones, roturas, rajaduras y perforaciones producto de las demoliciones realizadas”.

Pero el gobierno porteño también está del otro lado del mostrador en este tema y denunció al dueño de la empresa Desarrolladora Mendoza S.A., a través de una presentación de la Procuración General a la jueza de instrucción María Fontbona de Pombo, en la que solicitó ser tenido como querellante en la causa abierta por el derrumbe por el que murieron tres personas el lunes pasado. “Se ha puesto en peligro a la comunidad”, se afirma en el escrito, en el que el gobierno porteño deslinda su propia responsabilidad de control, y apunta a que el ingeniero “modificó completamente la secuencia de excavación” porque “pretendió terminar en pocos días una excavación que puede llevar varias semanas”.

El dueño de la empresa, Guillermo Heyaca Varela, según la denuncia, estaba a cargo de esa obra y era “el garante” de la seguridad. En esa construcción lindante al gimnasio “se detectaron graves fallas”, agrega el escrito. Por eso, se pidió investigar al ingeniero por el delito de estrago, contemplado en el artículo 187 del Código Penal, que castiga con penas de 8 a 20 años de prisión en el caso de que el hecho causara la muerte de alguna persona.

La jueza Fontbona de Pombo y el fiscal José María Campagnoli abrieron una investigación en la que Heyaca Varela está imputado por triple homicidio culposo. La jueza debería aceptar al Estado porteño como querellante para que éste, a través de sus abogados, pueda pedir medidas de prueba.

Por otra parte, el gobierno porteño deberá responder en 30 días al pedido de informes que aprobó la Legislatura sobre las responsabilidades en el derrumbe del gimnasio del barrio porteño de Villa Urquiza. Ayer se supo que distintas comisiones citarán a funcionarios de Planeamiento Urbano, la Agencia Gubernamental de Control y la Dirección de Fiscalización de Obras para determinar la forma en que se otorgan los permisos de obra y si hay negligencia en los controles.