“Esta discusión no sólo concierne a la producción pública de medicamentos, sino al modelo de país”: la fórmula fue enunciada por uno de los participantes en la Audiencia sobre Producción Pública de Medicamentos, efectuada en la Cámara de Diputados de la Nación con la perspectiva de generar una ley que aliente la elaboración de remedios en laboratorios estatales. Se mencionaron casos como el del medicamento glibenclamida, contra la diabetes: desde que empezó a ser fabricado por el Laboratorio Central de la provincia de Buenos Aires, los precios que los laboratorios privados ofrecen al Estado bajaron un 44 por ciento (y siguen siendo superiores a los del laboratorio oficial). Se volvió a citar el caso de los medicamentos “huérfanos”, que la industria privada se niega a producir y cuya falta se acerca a niveles críticos en el caso del Chagas. Se coincidió en valorar la experiencia de la provincia de Santa Fe: allí, como política de Estado, a través de gobiernos de distintos signos, varios laboratorios públicos proveen la mayor parte de los medicamentos de los planes de salud provinciales; uno de ellos suministra el 94 por ciento de las drogas de atención primaria. En el nivel nacional, en cambio, el plan Remediar, al financiarse con créditos internacionales, resulta de más difícil acceso para los laboratorios públicos.

La Audiencia Pública “Producción pública de medicamentos” fue convocada por varios diputados nacionales. Eduardo Macaluse (SI), al abrir la reunión, subrayó el propósito de “fortalecer la coordinación entre los laboratorios públicos, otorgándole institucionalidad mediante una ley que la constituya en política de Estado más allá de los sucesivos gobiernos”.

Jorge Rachid, miembro fundador de la Red de Laboratorios Públicos y ex presidente de Laboratorios Puntanos, advirtió que “para plantear un plan de salud, donde se enmarquen los laboratorios públicos, hace falta que las políticas sociales del campo popular acuerden en un modelo solidario: pero esto no aparece en la luz de la lucha política cotidiana, absorbida por las contiendas electorales”. Para calibrar las fuerzas que deben vencerse, recordó que “la primera planta pública de fabricación de medicamentos fue instalada por Ramón Carrillo, en 1950, y esa fue una de las causas más importantes de su desplazamiento como ministro de Salud Pública en 1954; cuando el ministro Arturo Oñativia intentó enfrentarse a las empresas de medicamentos, cayó un gobierno” (el de Arturo Illia, en 1966).

Patricio de Urraza, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata (a la que pertenece el laboratorio del Instituto Biológico de La Plata), afirmó que “en crisis como las de 2001 o 1989, la empresa privada deja de hacerse cargo y el que está presente es, siempre, el Estado. Pero después el Estado desaparece como productor público, el mercado se reposiciona y vuelve el capitalismo salvaje neoliberal”. Advirtió que “por eso, lo que está en disputa no sólo concierne a la producción de medicamentos, sino al modelo de país”.

Martín Isturiz, coordinador del Grupo de Gestión de Políticas en Ciencia y Tecnología, destacó “la Resolución 286/08, del Ministerio de Salud, que (durante la gestión de Graciela Ocaña) definió la Red Nacional de Laboratorios Públicos como un proyecto estratégico; sin embargo, la gestión del ministro Juan Manzur apuntó a desactivar lo que se había hecho en la gestión de Ocaña”. Isturiz recordó la importancia de los laboratorios públicos “para la elaboración de medicamentos huérfanos, que las empresas privadas dejan de producir porque no son negocio” y advirtió que “se están acabando los productos para el Chagas, del que hay más de tres millones de infectados”. Observó que “aunque tenemos grupos de excelencia en investigación, sólo dos o tres laboratorios privados investigan en la Argentina, sobre un total de 200: no podemos plantear una estrategia de desarrollo sobre la base de los privados”. Y destacó el liderazgo de Brasil, que “en 2006 impuso condiciones a un laboratorio privado, que pretendía triplicar el precio de un medicamento contra el sida, gracias a su posibilidad de producirlo en laboratorio estatal”.

Francisco Leone, quien fue director del plan Remediar durante la gestión de Graciela Ocaña, contó que “entre 2008 y 2009 el financiamiento del plan Remediar (que distribuye medicamentos a todas las salas de atención primaria del país) no fue por crédito externo sino por presupuesto nacional, y procuramos sostenerlo mediante las estructuras de producción pública. También avanzamos hacia la constitución de un laboratorio de medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con los laboratorios ya existentes de las Fuerzas Armadas: esto hubiera permitido trabajar en drogas huérfanas”.

Sin anestesia

En la Audiencia intervinieron representantes de algunos de los laboratorios públicos más importantes. Además de los santafesinos (ver aparte), Pascual Fidelio, del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, contó que la entidad “recibe plasma de bancos de sangre de la Argentina, Chile y Uruguay, y les devuelve productos elaborados. Además cuenta con una planta procesadora de tejidos humanos a partir de huesos de donantes cadavéricos, incluyendo hueso molido para uso odontológico”. Antes de esto, este producto “entraba de contrabando, sin control sanitario”. Además, “a pedido de la Facultad de Odontología de Córdoba, trabajamos para producir anestésicos, dada las reiteradas quejas por la mala calidad de estos productos en el mercado odontológico”. Contó que “las utilidades del laboratorio se reinvierten, y tenemos una política de donaciones para pacientes de alta complejidad sin cobertura social”. El laboratorio tiene unos 190 empleados. “Creemos en la producción pública de medicamentos y nos gusta tener sueldos docentes, aunque reneguemos un poco.”

Patricia Rivadulla, directora del Laboratorio Central de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud bonaerense, contó que “la planta de producción de medicamentos estuvo cerrada durante tres años. Desde abril, cuando me hice cargo, tuvimos la experiencia de cómo la producción pública permite regular el mercado: en licitaciones previas, el Estado provincial había pagado hasta 70 centavos por comprimido de glibenclamida, para la diabetes: cuando empezamos a producir, los laboratorios privados bajaron a 44 centavos; y nuestro costo sigue siendo más bajo, de 37 centavos”. Sin embargo, “en la provincia de Buenos Aires, y en relación con la distribución de la coparticipación federal, se producen situaciones confusas sobre quién debe comprar medicamentos, si la provincia o los municipios, lo cual lleva a que la población pierda acceso a los remedios”.