En Mar del Plata lo conocen como el caso de Dardo Molina, un kiosquero asaltado el 22 del mes pasado que, por la irrefrenable decisión de resistir con un arma, fue baleado. Cuatro disparos, uno de ellos le impactó en la cabeza. Diez días después, el caso estaba casi resuelto, con un detenido y un prófugo a punto de caer. Pero los familiares y vecinos del herido, apoyados por la ONG Familiares de Víctimas del Delito y por el correveidile policial, marcharon a la casa del fiscal y luego del juez del caso, con amenazas de incendiarlas, y al curioso grito de “¡Basta de asesinatos! ¡Acá hay que aplicar la pena de muerte!”. Las movilizaciones fueron realizadas con una notable ausencia de vigilancia policial, verbigracia, zona liberada. Las amenazas derivaron en durísimos documentos de repudio por parte del plenario de la Cámara de Apelaciones marplatense, de la Red de Jueces Penales de la provincia, y de la Fiscalía General de Mar del Plata. Un integrante de la ONG negó que se hubieran realizado escraches: “Se pueden tomar como visitas –aclaró suspicaz un tal Ariel–. Lo peor va a ser el miércoles”, dijo, por hoy. Curiosamente, esta vez nadie se rasgó las vestiduras por las amenazas a los jueces.

El miércoles 22, alrededor de las ocho de la noche, un joven entró en el maxikiosco de la esquina de Luro y 190, no lejos del centro marplatense. Dardo Molina atendía en ese momento a un par de clientes cuando el joven lo amenazó con un arma. El kiosquero intentó manotear un arma que tenía guardada. Error. El asaltante disparó cuatro veces. Una de las balas impactó a Molina en la cabeza y lo hirió gravemente. El asaltante salió corriendo, trepó a una moto que lo esperaba y huyó con su cómplice. El caso, que de-sató inmediatos reclamos, mantiene una serie de curiosidades.

El fiscal encargado de la investigación fue Mariano Moyano; como juez de Garantías de turno se encontraba Saúl Errandonea, titular del juzgado 2. A poco de la investigación, una línea errónea derivó en la detención de un hombre. “Lo llevaron a rueda de reconocimiento, pero no fue reconocido ni por los testigos que estaban dentro ni por los que estaban fuera”, reveló una fuente judicial a este diario. Cruzando la calle, un autoservicio había sido asaltado segundos antes, y de allí el ladrón había pasado al kiosco. La dueña del supermercadito tampoco había logrado reconocer al detenido. Jurídicamente, no había muchas opciones. El fiscal abandonó el pedido de detención y el juez ordenó su libertad.

Lo que siguió dio lugar a ciertas suspicacias. “El fiscal venía investigando bien. Si hasta venía trabajando con la familia y le decía: ‘No queremos detener perejiles, queremos resolver el caso’”, confió la misma fuente. Pero el martes 28, a la tarde, después de abandonar el despacho, la misma familia encabezó una marcha, acompañada por la ONG que impulsa la pena de muerte, que se dirigió a la casa del fiscal, alentada por los medios y voces altisonantes de apoyo a la policía. Dos días más tarde, la misma marcha se dirigió hacia la casa de Errandonea. En ambos casos el reclamo resultó curioso: pedían que los jueces “no aten las manos a la policía”, frase mucho más locuaz que lo que da a entender su aspecto confuso. “El reclamo por la inacción policial se dirige contra los jueces como si dependiera de los jueces y no del poder político –sostuvo la misma fuente–. Hay más de un policía al que le cortaron los negocios que está apoyando los reclamos.”

Al mediodía del 30, antes de que el escrache se concentrara ante la casa del juez, la Bonaerense avisó a su casa y al propio magistrado que la marcha se concentraría en su puerta y con intenciones escasamente amigables. Horas después, el propio juez confirmó la concentración no por un alerta policial –no había medio uniformado a una cuadra a la redonda–, sino por el griterío delante de sus ventanas. De allí a sentirse amenazado había ninguna distancia. Los medios, que en la reciente marcha en reclamo por la ley de medios se habían rasgado las vestiduras en presunto resguardo del Poder Judicial, no sólo no dijeron ni mu sino que acompañaron, produjeron y marcaron direcciones.

Entre el sábado y domingo pasado, el fiscal, con pruebas más contundentes, había dado con el conductor de la moto, de 16 años, y pedía la captura del adulto, que había disparado y está prófugo. A diez días del asalto, el caso en buena parte puede considerarse resuelto. Hoy se realizará una marcha por las manos policiales libres.

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