“El 70 por ciento del total de la tierra en el país está bajo la figura del arrendamiento, mientras que sólo el 1,3 por ciento de total de productores maneja el 50 por ciento de las hectáreas sembradas del país. Estos son datos que hay que tener en cuenta a la hora de plantear una nueva regulación sobre los contratos rurales.” Con estas palabras, el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, defendió la necesidad de sancionar una nueva ley de arrendamientos durante unas jornadas de debate organizadas por el Partido Socialista. Tanto el federado Pablo Orsolini (UCR) como el socialista Lisandro Viale tienen presentadas iniciativas sobre este tema, con algunas diferencias entre sí. El debate no contó con la presencia del presidente de la Comisión de Agricultura, el también radical e integrante de CRA Ricardo Buryaille. Por su parte, el Ministerio de Agricultura está analizando la creación de una nueva ley de arrendamiento, luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo anunciara hace dos meses.

“El día en que los productores deciden alquilar firman su certificado de defunción”, manifestó Viale. La propuesta del socialista establece que los contratos deberán tener una duración mínima de cuatro años, mientras que los llamados contratos accidentales (que duran sólo una campaña) deberán ser limitados. También fija en la letra de la ley un mecanismo para definir el precio de la tierra y, por ende, el alquiler. Uno de los temas centrales de su propuesta tiene que ver con las unidades económicas máximas que cada productor podrá ofrecer para alquilar: el límite serán de 10 unidades económicas. El objetivo es evitar los grandes pooles de siembra.

Por su parte, el proyecto impulsado por la FAA, el cual fue explicado por Aldo Cassela, estipula un tiempo mínimo para los contratos de cinco años, mientras que eleva el máximo de unidades económicas a 20. En otros proyectos, la FAA proponía también las 10 unidades. “Este valor que establecemos contempla al 80 por ciento de los medianos y pequeños productores, mientras que el resto (los grandes productores que manejan el 70 de la tierra) van a tener que desprenderse de sus arriendos”, afirmó a este diario Pedro Peretti, quien agregó: “También hay que evitar la concentración vertical, es decir que empresas como los Grobo o Aceitera Dehesa sean dueños de la tierra, alquilen, manejen fletes y puertos, etc”. El Gobierno está estudiando un nuevo proyecto de arrendamiento, junto a un equipo multidisciplinario. También está avanzando en una normativa para contemplar la situación de riesgo de casi 30.000 campesinos, cerca de ser desalojados.