No hay una solución única, definitiva e instantánea. En eso coinciden los ambientalistas consultados por Página/12 acerca de las decisiones convenientes en torno de la gestión de residuos urbanos. La pregunta acerca de qué hacer con las toneladas de desperdicios que la ciudad de Buenos Aires produce no parece tener una respuesta en común, y la complejidad de la situación empeora cuando el planteo suma las toneladas que produce el área del Gran Buenos Aires que, junto con la Ciudad, conforman el área metropolitana. Los especialistas, curiosamente, coinciden en que la situación actual era tan previsible como debe serlo instrumentar una salida en el corto plazo, por algo sencillo y fundamental: el marco legal ya existe, y contempla las herramientas necesarias, que no se cumplen.

“Esta situación era previsible hace bastante tiempo”, afirma Lorena Pujó, responsable de la campaña contra la contaminación de Greenpeace, quien data los antecedentes en la época “en que se empezó a trabajar en la ley de Basura Cero, hace más de seis años”. Esa norma dispone la reducción de la cantidad de basura que la ciudad envía a rellenos sanitarios en un 30 por ciento para 2012 –respecto de 2004–, hasta llegar a cero en 2020.

Según Pujó, “hay una falencia por parte de la Ciudad, al no cumplir esa ley, y de la provincia, al no disponer de programas de reciclado para evitar que se siga volcando basura en rellenos sanitarios”. Hace seis años, insiste, “se preveía esta situación en la que cada vez se generan más residuos, los terrenos del conurbano donde se hacen los rellenos sanitarios están colapsados y nadie quiere tener la basura cerca porque está probado que contamina”.

La resistencia a permitir la instalación de nuevos rellenos sanitarios en la provincia de Buenos Aires no es novedosa, tampoco incomprensible, porque “la gente tiene razón en quejarse y negarse a aceptar los rellenos”. Y precisamente por ese panorama es que Greenpeace sostiene que “hay una falencia del Estado al no resolver la situación de fondo. El Estado tiene una responsabilidad y debe establecer modelos de gestión de residuos sustentables y no contaminantes”.

Una perspectiva diferente debería comprender que “más del ochenta por ciento de las cosas que estamos enterrando se pueden recuperar. Hay que evitar que se entierre la basura. Pero eso quiere decir que, en realidad, hay que dejar de pensar en basura para plantear que son materiales que pueden recuperarse, son recursos”. Esa recuperación sólo podría tener lugar modificando mentalidades y prácticas. “Para eso, el Estado debe hacer una campaña masiva enseñando a hacer separación en origen y explicando por qué es importante.”

El ex ministro de Ambiente de la Ciudad y actual presidente de la Fundación Ambiente y Sociedad, Marcelo Vensentini, explica que el distrito “tiene un compromiso legal de reducción que no lleva adelante”. Por eso se “requiere cada vez más tierra, y los vecinos de los municipios de la provincia de Buenos Aires, obviamente, no quieren. La situación se repite desde hace un tiempo y, sin embargo, si alguien pregunta qué va a pasar con los residuos del área metropolitana en tres, cuatro años, nadie sabe”. La clave para pensar el conflicto estaría, también, en pensarlo en términos metropolitanos y de metas incumplidas. “La Ciudad, en lugar de reducir, ha aumentado la generación de residuos: estaba en cuatro mil y pico de toneladas al año, ahora debe rondar las cinco mil; el área metropolitana, que estaba en quince mil, ronda los diecisiete mil. Esas son las cifras diarias de enterramiento de residuos en el Ceamse.” Por ello, concluye, “la estrategia de relleno sanitario a largo plazo no va más”. Lo que sucede, concluye, es “la crisis de las cosas no hechas, y que cada tanto explotan”.

En torno de la “gestión integral de residuos sólidos urbanos”, las decisiones “no se están dando con la transparencia que deberían”, sostiene la responsable de Gobernabilidad y Política de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Karina Quispe. “Desde 2004 hay una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, la 25.916, que plantea que los residuos sólidos urbanos domiciliarios tienen que ser manejados mediante gestión integral. Eso implica una gestión total que sea coherente y tenga en cuenta todas las etapas, desde la separación en origen hasta la disposición final.” Pero por lo general la aplicabilidad de una legislación de ese estilo, explica Quispe, está lejos de conformar un panorama global. “Usualmente los gobiernos seccionan la gestión integral y van resolviendo de manera parcializada. Eso hace que se incumpla el mandato de generar menor cantidad de residuos, recuperar material y enterrar la menor cantidad posible.”

Mientras que la eliminación absoluta del relleno sanitario como recurso parece poco realista, porque “probablemente no podamos prescindir de eso por completo”, es posible “trabajar en etapas previas, enviar la menor cantidad posible a enterramiento”. Pero para arribar a esa solución es precisa la “planificación previa” y la consulta a la ciudadanía para resolver. “Pero no se da acceso a la información en materia de residuos ni participación a la ciudadanía para optar por una planificación determinada. En general, nos desayunamos de los temas una vez que la decisión política está tomada.” Sólo un modelo que tome “esas decisiones en un marco transparente y participativo” permitiría “producir menos residuos, valorizar el material todo lo posible, incluir a los recuperadores urbanos en el sistema de gestión de cada localidad y tratar de enterrar lo menos posible”.

Si FARN insiste con la necesidad de transparentar es porque “abrir la información de qué se está pensando para el futuro de una comunidad, exponer planes y recibir comentarios ayuda a tomar la decisión más adecuada y sustentable. Se puede tener la mejor técnica para resolver algo, pero si la comunidad la rechaza es insustentable. Si hubiera habido campañas de participación para tomar una decisión al respecto, por ejemplo, hoy no habría bolsas de basura en las veredas. Es el paradigma del derecho ambiental: la idea es actuar de manera preventiva”.