Para la Justicia, existió “accionar criminal” en la toma del Club Albariño, a mediados de diciembre, en Villa Lugano. Porque está en condiciones de probar que los terrenos fueron usurpados con el fin de venderlos para que allí se instalara la sucursal de una bailanta, el juez federal Daniel Rafecas procesó a diez personas por los delitos de usurpación y asociación ilícita. En diálogo con este diario, el magistrado explicó que “a través de declaraciones testimoniales y algunas confesiones de los propios procesados, más pruebas de filmación y fotografías, y tareas de inteligencia, la prueba permite considerar demostrados los elementos de la asociación ilícita”. La acusación, que promueve penas de entre 3 y 15 años, de acuerdo con el grado de responsabilidad, supone la existencia de “un grupo estructurado y organizado, permanente en el tiempo, dedicado a cometer ilícitos a través de coacción y usurpación”. Todo ello “está comprobado”.

En tanto, permanecen detenidos el jefe de la organización, Guillermo Ramón Ferreira, y José Luis Meza. Otros ocho acusados recuperaron su libertad. En el marco de la causa hay, también, tres personas consideradas “importantes miembros” de la banda, pero que permanecen prófugos. De acuerdo con la investigación, todos ellos serían “mandos medios”, mientras que, a excepción de Ferreira, los demás procesados serían “simplemente integrantes” de la asociación.

Uno de los prófugos es el hermano de Ferreira, Isidro. Fuentes judiciales aseguraron a este diario que se encuentra en Paraguay. No contaba con la residencia permanente en la Argentina y ya había recibido una condena por falsificación de documentos.

El juez Rafecas considera que en la toma de fines de diciembre medió el “accionar criminal” de una organización que operaba habitualmente en la zona. En lo referente a las instalaciones del Club Albariño, el objetivo de la toma era vender los terrenos para instalar allí una sucursal de la bailanta Poli 8. Aquel local nocturno, de acuerdo con los investigadores, es propiedad de Ferreira. Durante la pesquisa, la bailanta de Ciudad Oculta fue allanada. En ella se hallaron equipos técnicos robados que pertenecen a la radio FM Azul.

Todos los procesados residen en Ciudad Oculta. Antes, la misma asociación había tomado la calle Alvarez para anexarla a la villa de Ciudad Oculta. Una causa de 2009 tramitada en un juzgado de instrucción y que pasó recientemente al juzgado de Rafecas, da cuenta de ese modo de operar. De acuerdo con los expedientes, la organización intentó “sin éxito” tomar una calle “mediante coacciones y amenazas”. En esa instrucción constan “declaraciones que apuntaban a algunos de los mismos procesados, como Carlos ‘Jirafa’ Fernández”, informó el magistrado a este diario en conversación telefónica.

Los procesados por asociación ilícita fueron, además de Ferreira, Ana María Ojeda, Carlos “Jirafa” Fernández y Luis Fredez Domínguez. Mientras que Ferreira fue procesado en calidad de jefe, los demás quedaron considerados como miembros. Todos, por otra parte, fueron procesados también por el delito de usurpación.

Por este último delito también quedaron procesados Cristian Gustavo Duarte, Elizabeth Roxana Gómez, José Alberto Beltrán, Rubén Cordero, Arnildo Silgero Orrego y José Luis “Moco” Meza.

Meza seguirá detenido porque el año pasado fue condenado por robo con arma de fuego y tentativa de hurto de automotor. En la causa, además, continúan prófugos Carmelo “Tincho” Meza, quien era personal de seguridad en la bailanta Poli 8, y otras dos personas que responden a los alias de “Juancito el Misionero” y “El Pelado Harley”, todos ellos considerados “mandos medios” de la asociación, es decir, con poder de decisión sobre las acciones de la banda. De acuerdo con fuentes judiciales, Guillermo Ramón Ferreira podría ser condenado a una pena de entre 5 y 15 años de prisión, en calidad de jefe, mientras que para los integrantes las condenas podrían oscilar entre los 3 y los 10 años, según el grado de responsabilidad y las intervenciones acreditadas.

En el caso de los prófugos, aseguró Rafecas, “están vigentes los pedidos de captura y se están llevando adelante tareas de inteligencia para dar con ellos”.

La toma del Club Albariño, lindante al barrio Ciudad Oculta, ocurrió el 13 de diciembre, cuando también se desarrollaba la ocupación del Parque Indoamericano. Y desató una muy fuerte repercusión, montada ya en la violencia desatada durante la represión policial en el Indoamericano. La del Albariño desató reclamos de intervención y represión.

El club fue liberado en forma pacífica tras 16 días de toma. La intervención del juez Rafecas demostró cómo la policía, utilizada sólo como control de vallado, resultó infinitamente más efectiva que una represión brutal que hubiera provocado víctimas y fuertes críticas de los mismos que días antes reclamaban mano dura.