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El año electoral que se está iniciando es una oportunidad ineludible para introducir en la agenda pública temas importantes por sí mismos y que resultan además fundamentales para enriquecer el diálogo político y para que la campaña electoral no quede limitada apenas a los enfrentamientos entre corporaciones, al juego de intereses o las disputas personales. Agregar cuestiones de fondo al debate que habilita la contienda electoral es una forma de mejorar la política y de acrecentar el valor de la participación ciudadana más allá del sufragio. Se trata de una tarea difícil también porque el sistema de medios y gran parte de los periodistas están más interesados en lo circunstancial, en la polémica superficial o el escándalo, que en abrir espacios a discusiones sobre cuestiones vertebrales. Pero ese es un capítulo que debe continuar en el ámbito académico y profesional de los comunicadores.

Entre los muchos temas que merecen ser discutidos, la cuestión del papel del Estado se halla entre las más trascendentes. Hay bibliotecas enteras que reúnen aportes sobre el Estado, distintos modelos, incumbencias, responsabilidades y funciones, y acerca del rol que se le atribuye desde distintas posiciones teóricas.

Sin otra pretensión que la de sumar algunos elementos a un debate que es por demás vasto y complejo, podrían señalarse dos ejes que parecen ser sustanciales en esas discusiones. El primero tiene que ver con las responsabilidades fundamentales que le caben al Estado. El otro, con los factores y mecanismos que intervienen en el proceso de toma de decisiones en las políticas públicas, entendidas éstas como la explicitación de las medidas de gestión que emanan del propio Estado.

En cuanto al primero de los ejes mencionados, la premisa es que el Estado es, ante todo y fundamentalmente, garante de derechos. Por encima de cualquier otra obligación, a quienes tienen bajo su responsabilidad la conducción del Estado les cabe la obligación de garantizar los derechos humanos (políticos, sociales y culturales) de ciudadanas y ciudadanos. La condición de garante debe entenderse no sólo como la prevención frente a las posibles violaciones de tales derechos, sino como la actitud proactiva destinada a asegurar de manera efectiva todos y cada uno de los derechos. Es decir, aportar a la calidad de vida y al bienestar de las personas. No ha sido ésta la perspectiva del Estado burocrático capitalista, que es el que más hemos conocido contemporáneamente. Menos todavía en la versión de “Estado mínimo” que nos dejó el menemismo, continuado por sus sucesores y hoy reivindicado por algunos de los más prominentes voceros de la oposición.

En realidad, lo que está en juego cuando se habla del Estado como garante de derechos es, ni más ni menos, que la cuestión de la distribución (o redistribución) de los ingresos. En este sentido, hay que admitir que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández han dado pasos importantes. La Asignación Universal por Hijo, la renacionalización del sistema jubilatorio y muchas de las iniciativas sociales van en esta línea. Y eso es lo que precisamente resisten muchos sectores de poder, entre ellos, los grandes productores del campo. Faltan, no obstante, cuestiones importantes como la reforma del sistema impositivo y financiero, una enorme tarea pendiente. Sobre esto hay que hablar y debatir. Falta también abordar con seriedad la reforma del sistema burocrático estatal, cargado de rémoras de otro tiempo y que resulta una invitación constante a la corrupción para tantos delincuentes inescrupulosos que no desaprovechan oportunidad ni responden a ninguna ética política.

El otro eje tiene que ver con la política porque se refiere a la toma de decisiones. Pasaron los tiempos en que las políticas públicas eran una determinación aislada de quienes conducen la gestión del Estado, acaso asesorados por técnicos y utilizando ciertas herramientas de planificación. Cada día parece más necesario caminar hacia mecanismos participativos de decisión que complementen el sistema democrático representativo y de gobierno. En la práctica, también el Estado ha ido cediendo a organizaciones sociales y movimientos muchas de las tareas que antes monopolizaba. Pero en casi nada se avanzó en cuanto a la participación en las decisiones de políticas públicas. Nadie puede negar que sean los vecinos, los ciudadanos, quienes más conocen sus necesidades y saben cómo hacer para que sus derechos sean respetados. Esto es política, esto es participación y todo ello requiere también reformas en la manera en que el Estado toma sus determinaciones.

Evidentemente, lo mencionado son apenas gotas en el inmenso mar de una problemática vasta y compleja. Pero por algo hay que comenzar. Por estos temas o por otros. Grave y triste es seguir postergando la discusión sobre estas cuestiones y limitarnos a hablar sobre mediocres declaraciones de barricada de las candidatas o los candidatos.