En Bahía Blanca, la infidencia casual de un remisero que derivó en una inspección de la AFIP y la Policía Federal a un campo arrendado por la semillera Satus Ager S.A. terminó sustentando una nueva demanda por trabajo en condiciones de esclavitud. Radicada en la Fiscalía Federal 1ª de la ciudad, la denuncia refiere la situación “desagradable” en que fueron hallados 31 hombres mayores de edad. “Dormían en casillas de chapa con habitaciones muy pequeñas para la cantidad de gente que eran. Estaban hacinados sin luz ni agua, en condiciones infrahumanas”, afirmó en diálogo con este diario Horacio Ponzoni, responsable de la delegación de la AFIP que, tras inspeccionar el lugar, presentó la denuncia. Los hombres eran oriundos de Santiago del Estero, trabajaban doce horas diarias y por cada una de las 17 jornadas de trabajo cobrarían 80 pesos, luego de que a los 120 iniciales se le dedujeran 40 en concepto de “una obra social que no tenían”. Comían dos veces al día. “Las ollas y utensilios estaban sucios. Tenían dos baños químicos, pero no tenían agua y estaban totalmente sucios.”

Ayer este diario intentó, infructuosamente, obtener declaraciones de Pablo Lanusse, el ex fiscal que actualmente revista como abogado de Satus Ager. Los directivos de la empresa ya habían sido citados a declaración indagatoria –junto con sus pares de la semillera Southern Seeds Production– por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, quien sospecha de sus responsabilidades en casos de “trata de personas” y “reducción a la servidumbre” registrados en Ramallo, San Pedro y Arrecifes. La única reacción pública de la semillera, hasta ahora, fue el levantamiento de su página web oficial, en la que compilaba información institucional, y que podía consultarse en Internet hasta el sábado, día en que Página/12 dio a conocer las acusaciones que pesan sobre los ejecutivos.

En Bahía Blanca, la alarma se encendió el miércoles de la semana pasada. Durante un viaje, un remisero comentó a una agente de la repartición local de la AFIP “la barbaridad que estaba sucediendo en uno de los campos”, relató Ponzoni. El chofer se refería a lo que había podido entrever mientras transportaba “de un cuadro (el área demarcada por alambre dentro de un campo) a otro a la cuadrilla que estaba trabajando” en el lugar. Ese mismo día Ponzoni fue puesto al tanto de esa información. “Inmediatamente mandamos una avanzada para verificar la información. Fuimos con el GPS, porque sabíamos el nombre del paraje, pero no exactamente dónde estaba ubicado”. Esa primera exploración verificó que había “gente, ropa colgada y también que en el cuadro se encontraba el asentamiento que nos habían indicado”.

Al día siguiente, integrantes de la AFIP y la Policía Federal realizaron una inspección formal. “Trabajan de sol a sol, fuimos en el horario en que pensamos que convergían los hombres de los distintos cuadros.” Llegaron a relevar la presencia de 31 hombres.

Esperaban dar con más personas, señala Ponzoni, “pero ahí nos enteramos de que el día anterior casi intempestivamente habían levantado campamento y habían dado por finalizada la tarea, cuando según nuestra información iban a permanecer ahí hasta el domingo pasado”.

Disconforme porque en adelante quedará “en rojo” (“el año que viene, por este relevamiento, no lo convocarán a trabajar”), un dependiente guió la inspección, al tiempo que brindaba “detalles”. La situación, describe Ponzoni, fue “desagradable”. Los hombres “dormían en casillas de chapa como las que se habían fotografiado en Córdoba, eran exactamente iguales. Tenían habitaciones muy pequeñas para la cantidad de gente que eran. Estaban hacinados, sin luz, sin agua, en condiciones infrahumanas”.

El dependiente que fungió de guía “manifestó que tenían dos alimentaciones diarias”, aunque “lo que había era suciedad. Las ollas y los utensilios, todo estaba sucio”. En el lugar había sólo “dos baños químicos, pero que no tenían agua y estaban totalmente sucios”. En esas condiciones debían trabajar “doce horas diarias”.

A los trabajadores, todos hombres y mayores de edad, no se les retenían los documentos. “Pero estaban en medio de la nada, incomunicados. No hay señal de celular allí.”

Todos los trabajadores eran oriundos de Loreto, el departamento santiagueño en donde Satus Ager S.A., en la web levantada subrepticiamente, alegaba haber fundado la posta sanitaria “Nuestra Señora de Loreto” como parte de su programa de responsabilidad social empresaria. Habían llegado a Bahía Blanca, según el responsable de la denuncia, mediante un proceso de intermediación informal: en “Loreto los regentea una persona, los traen y una vez aquí los vuelcan a la tarea”. Al terminar la campaña de desflore de maíz, “un micro los llevaba de vuelta a Santiago del Estero”. Por ello a algunos hombres debieron relevarlos encima del vehículo.

Cada día debían percibir 120 pesos, “a los cuales les hacían retenciones por una obra social que no tenían”, de manera que cada uno cobraba 80 pesos. Estaban en Bahía Blanca desde el 21 de enero; ayer ya había regresado, “apresuradamente”, a Santiago del Estero.