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La fiscal de la ciudad de Buenos Aires Daniela Ugolini confirmó la decisión del gobierno porteño de negarle el permiso para la venta ambulante de baratijas a una indigente. La funcionaria del fuero Contencioso Administrativo y Tributario había sido recomendada por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, para ocupar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Capital Federal. Tras un año de polémica y la crítica de legisladores y organizaciones sociales, en septiembre de 2010, Ugolini se vio obligada a desistir de la postulación al máximo tribunal de la ciudad. En consonancia con un fallo de primera instancia de la jueza Andrea Danas, Ugolini rechazó una acción de amparo presentada por Claudia Patricia Martínez, quien “solicitó a la Administración un permiso de venta ambulante pero que fue rechazado ‘por encontrarse cerrado el Registro de Postulantes’”, informaron fuentes judiciales. En mayo de 2009, la vendedora, que en ese momento llevaba seis años de trabajo en la calle, pidió al Poder Judicial que inste al gobierno “a poner fin a su conducta arbitraria que, por acción u omisión, impide que ejerza en condiciones dignas una actividad de mera subsistencia consistente en la venta ambulante de baratijas”.

Luego de estudiar la presentación de Martínez y la respuesta del tribunal de primera instancia, Ugolini decidió confirmar el fallo de la jueza Danas. “Considero que la actora no ha logrado acreditar la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en la conducta de la Administración ni que se haya vulnerado su derecho al trabajo y a la igualdad, requisitos necesarios para la procedencia de la presente acción de amparo”, evaluó la fiscal.

La reciente decisión de Ugolini está alineada con su trayectoria judicial. Entre las críticas esbozadas por organismos de derechos humanos a su candidatura al TSJ, la fiscal fue cuestionada por pronunciarse en contra de que una mujer se ligara las trompas si no pedía antes autorización al marido. Además, se manifestó contra la provisión de agua a la Villa 31 bis y en contra de otorgarle un subsidio a una familia pobre por un hijo nuevo, porque “debería asumir la responsabilidad en la paternidad”. En la misma sintonía, cuando era procuradora en la gestión de Enrique Olivera, recomendó que sacaran con la policía a una estudiante de 17 años que formaba parte de una agrupación en el Mariano Acosta.

El procedimiento de designación de Ugolini para el TSJ tuvo cinco fallos en contra, ya que ante el recambio legislativo que se daría a fin de 2009, Macri adelantó los tiempos. Aun así, la fiscal no consiguió los 40 votos necesarios. El gobierno porteño sostuvo a la candidata, mientras continuaba abierto el conflicto de poderes. Una vez que el TSJ falló a favor del gobierno porteño, en septiembre de 2010, Ugolini renunció. En su carta de renuncia, dirigida al vicepresidente primero de la Legislatura, Oscar Moscariello, la fiscal celebró la decisión del TSJ y la calificó como “un triunfo de la Justicia en la ciudad”. Finalmente, Ugolini aseguró que de-sistía de la candidatura por “razones personales y familiares”.

Una nueva resolución contra una persona vulnerable puso a Ugolini en el centro de la escena. La vendedora de artesanías espera ahora el pronunciamiento de la Sala Segunda de la Cámara, que definirá si el gobierno debe o no entregarle el permiso para que su trabajo en la calle no quede al margen de la ley.