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Luego de los dichos del ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Ricardo Casal, quien criticó la postura de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante los hechos ocurridos en José L. Suárez, el organismo le respondió mediante un comunicado. Desde el organismo exigieron que se retracte, al tiempo que aseguran que el ministro “ha tratado de confundir a la opinión pública con sus dichos falaces”, entre otros, que desde esta comisión le quieren “fijar la política de seguridad”, y comentó que la CPM recibe 10 millones de pesos al año del gobierno bonaerense.

“Las declaraciones del ministro Casal pretenden descalificar a la CPM, pero en realidad muestran su propia ideología, su concepción del poder y la pretensión de manejar los fondos públicos como si fueran propios. El ministro Casal cree que si una institución tiene asignados fondos públicos debe disciplinar su comportamiento a los deseos del Gobierno. Malversando fondos podrá comprar otros silencios. Nuestra comisión no es un sujeto complaciente y aplaudidor de cualquier gestión”, dice el comunicado, donde se enumeran las actividades educativas y artísticas de la CPM.

Además, la comisión monitorea los lugares donde hay personas detenidas “pese a las restricciones, obstáculos y prohibición de registros fílmicos y fotográficos que estableció el Ministerio de Justicia y Seguridad”. En el comunicado se subraya que durante 2010 se presentaron “1220 acciones de habeas corpus y denuncias por violencia institucional sobre los detenidos”. La CPM criticó la gestión de Casal por ser “la expresión acabada de la mano dura y de impunidad para la corrupción institucional de las fuerzas policial y penitenciaria”.

La reacción de Casal, según el comunicado, se da porque él no acepta que la CPM sea “tan intransigente en la lucha por la vigencia de los derechos humanos, que la CPM haya denunciado los pactos con la corporación uniformada y que haya demostrado que la demagogia punitiva y la autonomía policial no sólo son contrarias al estado de derecho, sino un fracaso respecto de la seguridad de los vecinos de la provincia, mientras ocultan la vigencia de nichos de corrupción y redes delictivas donde participan policías, hasta reclutando menores para delinquir”.