Los investigadores del robo a las cajas de seguridad del Banco Provincia sumaron ayer otros dos detenidos, esta vez en Córdoba, por presunta vinculación con el golpe millonario, a principios de año. Por su parte, la jueza de instrucción María Gabriela Lanz le concedió la exención de prisión al chofer del banco, Adrián Castillo, quien había sido vinculado con la banda, pero rechazó excarcelar a los otros seis detenidos. La magistrada convocará en los próximos días a los damnificados para que identifiquen si entre los elementos secuestrados a los acusados –principalmente joyas– se encuentran algunas de sus pertenencias. A más de un mes del robo, no se estableció todavía a cuánto asciende el botín.

Ayer por la mañana, un hombre fue detenido durante un allanamiento, en un hotel de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, por su presunta vinculación con el robo. El acusado fue identificado como Juan Carlos Caviglia, de 64 años, quien se convirtió en el séptimo sospechoso capturado por el asalto. Como parte del operativo, la policía allanó un templo del culto umbanda en el barrio de Villa del Lago, también de Carlos Paz, donde detuvo a Luis Angel Marcuecci y secuestró 18 mil pesos y 200 dólares.

Caviglia está sospechado de haber cumplido un rol económico en la logística de la banda que robó la sucursal de Cabildo 1999. Se cree que era quien actuaba como una especie de “testaferro” y que “lavaba” el dinero y las joyas que robaba la banda en los distintos hechos delictivos. La jueza Lanz solicitó la extradición interprovincial del detenido y se prevé que sea indagado por la magistrada el próximo lunes.

La policía y la Justicia lograron determinar que fueron entre 10 y 12 las personas que ingresaron al local lindero al banco desde el cual se cavó el túnel para acceder a la bóveda.

Entre el lunes a la noche y el martes hubo seis detenidos: Héctor Esteban Marín quedó formalmente acusado como jefe de la asociación ilícita, y al resto de los acusados se los sindicó como miembros de la organización. En tanto, la esposa de Marín, Raquel Nair Puñales; el hijo de ambos, Gastón Marín Puñales; Dora Puleño, Nélida López y Eduardo Pesca Hernández también quedaron imputados como miembros de la organización.

Los seis detenidos se negaron a declarar el miércoles. Los acusados hicieron uso de ese derecho por recomendación de sus abogados, ya que los profesionales recién accedieron ayer a las pruebas de la causa y algunos de ellos dejaron abierta la posibilidad de declarar más adelante. Después de cumplir el trámite de la indagatoria, en donde evitaron contestar preguntas, los imputados pidieron la excarcelación.

La jueza Lanz rechazó el pedido por considerar que en libertad podrían entorpecer la investigación con el ocultamiento o destrucción de pruebas, o tomando contacto con otras personas involucradas en el hecho. Por otra parte, la magistrada le concedió la exención de prisión que presentó Adrián Castillo, chofer del banco, sobre quien había trascendido que estaba involucrado en el asalto. Lanz aceptó el planteo porque Castillo no figura entre las personas sobre quienes pesaban pedidos de detención o indagatoria para declarar como acusado.

En otro paso de la investigación, Lanz convocará a los damnificados –ya comenzaron a declarar en la Justicia y muchos de ellos fueron aceptados como querellantes– para que identifiquen si entre lo secuestrado –principalmente joyas– están algunas de sus pertenencias. Si bien todavía no se pudo determinar el total de lo robado, se supo que en las personas que declararon, una dijo que tenía 700 mil dólares en su caja de seguridad y otra que guardaba 1,2 millón.

El asalto fue descubierto el 3 de enero, cuando se produjo la reapertura de la entidad, después del fin de semana largo, y se comprobó que habían sido saqueadas 136 cajas de seguridad. Los seis detenidos están imputados por los delitos de asociación ilícita y robo agravado y reiterado, por la cantidad de cajas robadas.

A su vez, la Justicia investiga un “entramado de empresas y cuentas bancarias en Estados Unidos y probablemente también en Uruguay” vinculadas con las personas detenidas. Por la complejidad del hecho, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, dispuso la creación de un grupo especial de elite de la Policía Federal que trabaja a las órdenes de la jueza Lanz.