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Hebe de Bonafini, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo; Nora Cortiñas, de Madres-Línea Fundadora; Estela de Carlotto, de Abuelas; Víctor Hugo Morales, las actrices Florencia Peña, Inés Estévez y Soledad Silveyra y el actor Gustavo Garzón, el humorista Diego Capusotto y los intelectuales Horacio González, Noé Jitrik, Ricardo Forster y Beatriz Sarlo son algunos de los casi cuatrocientos nombres de referentes de la cultura, los medios de comunicación, el espectáculo y la ciencia y de entidades de diversos ámbitos, que acompañan una solicitada a favor de la legalización del aborto, que se publica hoy en Página/12 y otros diarios del país. El texto reclama al Congreso el tratamiento y la sanción del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, presentado un año atrás por cincuenta diputadas y diputados de un amplio arco político, y considera que se trata de “una deuda que la democracia tiene con las mujeres en Argentina”. Consultados por este diario, un actor, un juez, una periodista, una escritora, una funcionaria nacional, un economista, un diputado porteño y un conductor de radio, explicaron por qué apoyan el reclamo.

La solicitada refleja un vasto respaldo a la iniciativa legislativa, que establece el derecho al aborto en el primer trimestre de gestación. “Afirmando nuestro compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, las organizaciones, grupos y personas abajo firmantes consideramos imprescindible que el Congreso nacional debata y sancione el proyecto ley de interrupción voluntaria del embarazo elaborado por la Campaña”, comienza el texto. La Campaña está conformada por 301 organizaciones de todo el país.

Consultado por Página/12, Víctor Hugo Morales explicó su apoyo a la despenalización y legalización del aborto. “Cada año unas 500 mil mujeres abortan, según indican estimaciones con base científica. Muchas mueren por llevarlos a cabo en lugares no preparados. Pienso que si la salud pública se ocupase estaríamos en una situación de protección de la mujer. No dudo de que habría menos abortos y que entre quienes necesitan interrumpir un embarazo, no existiría la despreciable diferencia que su condición social establece hoy. La estadística será saludada por el Cristo de mi corazón al que concibo muy justo. Así como están las cosas el fracaso es absoluto. No creo que Dios quiera lo que sucede”, señaló el conductor, que se define como católico practicante.

La escritora Beatriz Sarlo fundamentó su respaldo. “La libertad de decisión sobre los caminos de la propia vida me parece el principio que funda una sociedad democrática, abierta y pluralista. En ella cada uno puede optar según lo indiquen sus normas morales, religiosas o ideológicas, pero todos deben estar en condiciones iguales para ejercer el derecho a elegir según los principios que suscriban. El acceso a ese derecho de elección no puede restringirse ni, mucho menos, ser un privilegio de quienes pueden acceder a él porque disponen de más plata o mayores recursos sociales”, apuntó Sarlo, en diálogo con este diario.

Para el actor Gustavo Garzón es “ridículo” que esté prohibido el aborto y que tenga que hacerse clandestinamente “cuando se sabe que las parejas recurren a esa práctica y lo hacen. En vez de hacerlo con riesgo, podría realizarse bien. No entiendo por qué está penalizado”, sostuvo.

Entidades académicas, organizaciones de derechos humanos, sociales y gremiales, también sumaron su respaldo. Alejandro Dolina, Federica Pais, Antonio Grimau, Mex Urtizberea, Carla Czudnowsky, Carla Conte, Jean Pierre Noher, Marta Bianchi, Albertina Carri, Cristina Banegas, Liliana Herrero, Claudio Morgado, Hugo Yasky, Pablo Michelli, Stella Maldonado, Aníbal Ibarra, Martín Sabbatella son algunas de las figuras que firmaron la solicitada. También lo hicieron el juez federal de La Plata Carlos Rozanski, que integró el tribunal que condenó a prisión perpetua al comisario Miguel Etchecolatz y al sacerdote Christian Von Wernich por crímenes de lesa humanidad; el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Eduardo Tavani; la abogada y profesora consulta de la UBA Nelly Minyersky; el doctor en Biología y divulgador científico Diego Golombek, la vicepresidenta del Inadi, María Rachid y los periodistas Pedro Brieger y Liliana Hendel, entre otros. “El maternaje es un contrato de por vida. Nadie debería obligarme a ejercerlo. En particular, en nuestro país manda la hipocresía. La que tiene dinero, simplemente aborta sin riesgos y se embaraza cuando quiere. ¿Y para los varones que engendran? Absolución y silencio”, indicó Hendel, periodista de Telefé.

El juez Rozanski consideró que las mujeres que mueren en el país como consecuencia de abortos inseguros son “víctimas dobles”. De género –indicó el magistrado– por ser mujeres y de condición social por ser pobres. “Esa combinación no es una injusticia aritmética sino geométrica. Es una muestra cruel de que las mujeres con mayores recursos económicos tienen hoy la posibilidad de optar por la interrupción de un embarazo no deseado, sin riesgos médicos ni legales, mientras que las restantes quedan una vez más a merced de un sistema injusto y discriminatorio que mira para otro lado en un caso y culpabiliza en el otro. Negar esa realidad y no despenalizar y legalizar el aborto, ofende, duele y fundamentalmente contradice el paradigma actual de derechos humanos y el modelo de sociedad que surge de la Constitución nacional en el artículo 75 inciso 22 y que todos estamos tratando de consolidar”, destacó Rozanski a Página/12.

El legislador porteño Francisco “Tito” Nenna (Encuentro Popular para la Victoria) también advirtió que la penalización del aborto “sólo consigue que muchas mujeres lo hagan en condiciones inseguras y mueran”. Las consecuencias de los abortos inseguros son la principal causa de mortalidad materna en el país hace más de treinta años. “Solucionar este problema es una asignatura pendiente de la democracia, y un compromiso que nuestro país ha asumido ante organismos internacionales. Como educadores, estamos a favor de la vida y consideramos que la clave está en la educación. La ley propuesta por la Campaña va en ese sentido y su sanción será un logro para todas las organizaciones de mujeres que vienen dando esta lucha, y un importante avance para nuestra sociedad”, opinó Nenna.

Para el profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA Pablo Levin, la penalización es “un resabio de costumbres y tiempos bárbaros”. “Es una vergüenza que haya que pedir el tratamiento al Congreso por un método como una solicitada, y que no tomen la iniciativa de aprobar la despenalización los propios legisladores”, consideró el economista.

El proyecto de la Campaña y otro con similar espíritu presentado por el bloque de Nuevo Encuentro están en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Su presidente, Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, se comprometió públicamente a avanzar este año con su tratamiento. La discusión en torno del tema se inició el 30 de noviembre con una audiencia pública, donde la única oradora invitada fue la danesa Marianne Mollmann, especialista en derechos de las mujeres y directiva de la organización internacional de derechos humanos Human Right Watch. Mollmann expresó la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto y sostuvo su posición con sólidos fundamentos jurídicos y de salud pública.