La Anses dictó una resolución que busca “acelerar y transparentar” el pago de sentencias judiciales. La medida introduce cambios profundos en el sistema de liquidación de expedientes, que dejará de ser manual y pasará a operar de manera automática por medios informáticos. El objetivo es bajar el plazo de ejecución a cien días hábiles y quitar discrecionalidad a la decisión de qué jubilados cobran primero. El organismo estableció para esto último un orden que combina las siguientes variables: edad, rango de haber y antigüedad de la demanda. Quien tenga mayor edad, menor jubilación y haya esperado más tiempo desde que obtuvo sentencia favorable tendrá prioridad. Con esa lógica se irán acomodando las carpetas para cumplir gradualmente con las liquidaciones.

Página/12 accedió a un informe del organismo donde se precisa que en la actualidad existe un stock de 14.334 fallos listos para ejecutar. Esos serán los primeros que se administrarán con el nuevo esquema, el cual regirá de ahora en más para todos los juicios terminados.

Fuentes oficiales indicaron que este año hay asignados 2500 millones de pesos para el pago de retroactivos, con lo que se llegaría a liquidar unas 30 mil sentencias. El año pasado fueron algo más de 26 mil. Mientras tanto, hay más de 350 mil juicios que se tramitan en los juzgados. La Anses aspira a acortar el plazo de resolución de expedientes a un promedio de cien días hábiles, contra los 174 de diciembre del año pasado y los 249 de diciembre de 2009. El plazo legal que tiene el organismo para resarcir a los jubilados que ganaron un juicio es de 120 días.

El director de la Anses, Diego Bossio, dispuso en enero la realización de una auditoría interna para ordenar el mecanismo de pago de sentencias judiciales. Ese trabajo llegó a la conclusión de que existían falencias administrativas, tecnológicas y de proceso que demoraban unos expedientes más que otros y, sobre todo, daban margen a decisiones discrecionales de las áreas a cargo. Eso podía generar sospechas de favoritismo hacia determinados estudios jurídicos o hacia jubilados con demandas de mayor monto, en detrimento de otras por cifras más modestas.

En base a ese diagnóstico se dictó la normativa conocida ayer. El primer cambio significativo es que las liquidaciones dejarán de hacerse de forma “manual”, con los empleados de la Anses ajustando las cifras de pago de retroactivos y actualización de haberes en base a criterios poco precisos. En lugar de eso, se potenció la informatización de la oficina encargada del tema y se instalaron programas que calculan los montos a liquidar de manera homogénea, según las leyes y la jurisprudencia correspondiente.

Una vez establecidos los montos, la Anses dispuso un conjunto de variables objetivas para determinar el orden de prioridad en las liquidaciones. Se fijó un sistema de prelación que toma en cuenta primero la edad del jubilado, después el rango de haberes y por último la antigüedad de la sentencia. En cuanto a la edad, la escala quedó armada del siguiente modo: los primeros en cobrar serán los mayores de 90 años, después los de 89 a 85, luego los de 84 a 80 y finalmente los menores de 80. En relación con los haberes, primero estarán los que ganan menos de 2000 pesos, seguidos por los de 2001 a 4000, los de 4001 a 8994,95 y los de más de 8994,95. La última variable será la antigüedad de la sentencia. De la combinación de esos registros surgirá el orden de pagos. La resolución aclara que frente a casos especiales podrán hacerse excepciones, como por ejemplo sentencias favorables a jubilados con enfermedades terminales.

La auditoría del verano también sirvió para armar un inventario de expedientes, con su tipificación según las demandas. Se estableció que existen 14.334 causas terminadas, listas para pagar. De ellas, el 66 por ciento corresponden a jubilados que ganan más de 2000 pesos, otro 4 por ciento percibe haberes mayores al tope máximo (8995 pesos) y el 30 por ciento restante se ubica debajo de los 2000 pesos. En el 18 por ciento de los casos, los jubilados ya fallecieron, el 31 por ciento son mayores a 80 años y el 69 por ciento son menores de esa edad. De aquellas 14.334 causas, 952 son órdenes judiciales de ejecución a la Anses.