Dos días después de la muerte de Humberto Ruiz, Sapito para sus conocidos en la Villa 31, fallecido tras un ataque de epilepsia que hubiera sido subsanable con la simple aplicación por vía inyectable de la medicación correspondiente, fue trasladado al cementerio de Chacarita. Como se había señalado en la edición de ayer, ni la propia muerte interrumpió en Sapito el proceso de discriminación que los marcó a él y a sus pares de piel y pobreza mucho antes de que la ambulancia se negara entrar hasta su casa, incluso con custodia policial: el Gobierno de la Ciudad, que no le había provisto de atención sanitaria, tampoco le ayudó para limpiar su error incluyéndolo como vecino, al menos, en el pago de su féretro, el traslado, o los gastos de velatorio.

Apenas dos acciones “de gobierno” efectuó la administración porteña respecto al caso: la primera, iniciar en el SAME una investigación para determinar si efectivamente ocurrió lo que este diario reveló como negativa a entrar en la villa. La segunda, internarse en una nueva polémica con el gobierno nacional sobre la presencia policial, esta vez, negando que la hubiera. Entretanto, en un galpón de la 31 bis, donde debiera haber un prometido centro de salud que no lo hay, Claudio Morgado, María Rachid, presidente y vice del Inadi, se reunieron con medio centenar de delegados de la 31 y 31 bis, para escuchar sus reclamos y avanzar en un programa que ya lleva tres meses in situ, y que se propone desplegar un abanico de acciones contra la discriminación.

“Nosotros pedimos que hagan algo, que ya estamos cansados de ser los del fondo y que no nos escuchen”, dijo una de las delegadas. “Del fondo” es literal y simbólico. La 31 bis, y especialmente el barrio que rodea la capilla Cristo Obrero donde descansan los restos del padre Mugica, y donde se encuentra la casa donde murió Humberto Ruiz, están en el fondo, en el mapa, y en el fondo en la geografía de valoración vecinal.

Alrededor de cincuenta delegados y consejeros se reunieron con Morgado, Rachid y los especialistas del Inadi que todos los días pisan en el terreno la diferencia entre tener derecho a ser vecino y serlo. El reclamo principal que escucharon se concentró en el ingreso de ambulancias. Según confiaron desde el SAME, “hacemos 210 auxilios por mes en los asentamientos, siete u ocho por día”. “Los vecinos no constataron ninguno”, respondió Morgado. De hecho, en la reunión, el titular del Inadi refirió que los delegados describieron varios casos en los últimos diez días, en los que la ambulancia no entró: una mujer que cayó de un primer piso, un hombre con la muñeca cortada, un chiquito con asma. “La salita no da abasto y el centro prometido nunca se abrió”, dijo Morgado. Los vecinos reclaman plazos cortos. “No vamos a permitir que pase de nuevo lo de Humberto”, dijo la delegada.

Lejos, Mauricio Macri intentaba responder a la ministra de Seguridad Nilda Garré, que sostenía que “la ambulancia no quiere entrar porque tiene orden del Gobierno de la Ciudad de no entrar a las villas”. “No sé de dónde saca que hay esa orden, sería insólito”, sostuvo Néstor Pérez Baliño, segundo de Salud en la ciudad. Desde el SAME juran y perjuran que nunca existió esa orden. Los vecinos de la villa tienen otra idea.

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