Que los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura están en marcha es un hecho, pero no es menos cierto que atraviesan variados escollos, sobre todo en algunas provincias. Jujuy es una de las que más retraso lleva en el juzgamiento de los represores que actuaron en la denominada Noche del Apagón, cuando fueron secuestradas centenares de personas en Libertador General San Martín, con el apoyo logístico del Ingenio Ledesma. Esa jurisdicción “es la que mayores problemas presenta para el avance de los procesos por graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado”, afirmó la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, que acusó al juzgado a cargo de estos expedientes por la paralización de los mismos. En ese contexto, y con el objetivo de reactivarlos, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales presentó un escrito para fundamentar que la empresa azucarera y papelera de los Blaquier colaboró con el terrorismo de Estado.

El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales (Ecchr, según su sigla en inglés) hizo llegar al juzgado un amicus curiae en las tres causas en las que se investigan delitos cometidos contra 55 personas que trabajaban o vivían en la zona del Ingenio Ledesma. Bajo esa forma jurídica que le permite participar en el caso, Wolfgang Kalek, director del Ecchr, aportó argumentos de Derecho Penal Internacional para fortalecer la acusación fiscal contra Alberto Lemos y Mario Paz, al momento de los hechos administrador de la empresa y gerente de personal, respectivamente, acusados de haber colaborado con las fuerzas de seguridad facilitándoles las instalaciones, vehículos, empleados e incluso información de Inteligencia sobre los trabajadores de la compañía. “Los cómplices de violaciones a los derechos humanos no sólo pueden ser individuos particulares sino también empresas públicas o privadas cuyos modos de participación y complicidad han venido siendo desarrollados por medio del derecho internacional”, dijo Kalek en el escrito. “La conducta de Ledesma, a través de sus empleados Paz y Lemos, se encuadra en el tipo de complicidad por cooperación necesaria y encubrimiento, toda vez que sus actos facilitan la comisión de tales delitos por parte del autor material, con pleno conocimiento de su contribución”, afirmó.

Las tres causas contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos con la colaboración del Ingenio Ledesma fueron impulsadas por el fiscal federal Domingo Batule, quien solicitó la detención y citación a indagatoria de 28 imputados, incluyendo a Lemos y a Paz, recientemente fallecido, lo que dio lugar a la formación de la causa conocida como grupo Guerrero. Se los acusó de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio contra 43 personas ocurridos durante La Noche del Apagón, en julio de 1976, cuando en medio de un corte del suministro eléctrico y con vehículos del Ingenio fueron secuestradas unas 400 personas, de las cuales 55 permanecen desaparecidas. Hace dos años la fiscalía presentó nuevos pedidos de detenciones e indagatorias respecto de Lemos, Paz y 14 miembros del Ejército y la policía provincial por cinco víctimas, entre ellas el desaparecido Luis Arédez, ex intendente y médico del Ingenio. La fiscalía también pidió detenciones e indagatorias de 25 militares y policías provinciales por los casos de 7 empleados de Ledesma que sufrieron tormentos y homicidios antes del golpe de Estado.

“El avance procesal de todas estas causas ha sido obstaculizado desde un inicio por la inacción y la denegación de los pedidos fiscales por parte del juzgado federal a cargo de Carlos Olivera Pastor”, expresó la Unidad que dirige el fiscal Jorge Auat. Y agregó que “las contundentes conclusiones del amicus sobre la obligación del Estado argentino de investigar no sólo a los responsables directos sino también a los asistentes y colaboradores del terrorismo de Estado dictatorial refuerzan la acusación fiscal contra la empresa”. Por lo tanto, “pesará sobre el doctor Olivera Pastor la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para investigar a fondo el rol que tuvieron los representantes del Ingenio Ledesma en los aberrantes delitos cometidos en Jujuy durante la dictadura”.

La semana pasada, en la segunda reunión de la comisión interpoderes que analiza el avance de estas causas, fue tratada la situación de Jujuy con la presencia del juez de la Cámara Federal de Salta (que tiene competencia en Jujuy), Renato Rabbi-Baldi Cabanillas. Este magistrado intentó defender la actuación de su colega Olivera Pastor y fue duramente criticado por los integrantes de la comisión por intentar negar el grave retraso y dispersión de las causas jujeñas.