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“Se incrementó la persecución policial sobre los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables, a través de detenciones sin orden judicial, el armado de causas y el reclutamiento para el delito.” La conclusión forma parte del informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria bonaerense, que será presentado oficialmente el lunes en La Plata.

El documento, del cual trascendió un fragmento, destaca que “el discurso de mano dura y la demagogia punitiva, el autogobierno policial y la falta de transformación de la policía, el Servicio Penitenciario Bonaerense y los cuerpos de custodia de los jóvenes constituyen pilares de los problemas a superar”.

“Enfrentamos un problema complejo que de ninguna manera simplificamos; somos conscientes de que la policía y el Servicio Penitenciario son verdaderas corporaciones y como tal actúan y defienden sus poderes arbitrarios”, destaca la Comisión en la introducción del informe.

Uno de los puntos más relevantes del informe está referido al “incremento de la persecución policial sobre los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables a través de detenciones sin orden judicial, el armado de causas y el reclutamiento para el delito”.

“Esta orientación de las políticas públicas de seguridad ha incrementado prácticas aberrantes como la tortura, las ejecuciones policiales, la desaparición forzada de personas y la participación policial en el delito”, dice. En este contexto, y entre los casos que se destacan, aparece la investigación sobre la desaparición de Luciano Arruga.

La creación de una Policía Judicial que dependa directamente de la Suprema Corte, tal como lo establece la Constitución de la provincia, vuelve a ser planteada por la Comisión “como una de las reformas institucionales indispensables para desplazar a la policía bonaerense de la instrucción de los expedientes penales evitando de este modo la práctica recurrente del armado de causas”.

Además, se subraya que “en los casos de detención por averiguación de identidad, los que más sufren la persecución policial son los de menores recursos, y dentro de éstos los que tienen de 14 a 25 años”.

La Comisión agrega que “el 88,4 por ciento de las actas analizadas no consigna ningún tipo de referencia a las circunstancias que motivaron la detención, y las que ensayan alguna justificación utilizan términos vagos e imprecisos y en el 93,2 por ciento de los casos, no se puede establecer cuánto duró la privación de la libertad”.

“Los problemas de seguridad no se resuelven desde un abordaje autoritario y represivo”, sino a través de “iniciativas dirigidas a la inclusión social”, las cuales “posibilitan que los jóvenes construyan proyectos de vida”, afirma la Comisión, reafirmando los postulados del Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD).

Respecto de la situación carcelaria, el informe afirma que, no obstante la construcción de nuevas cárceles y alcaidías, el nivel de hacinamiento sigue siendo crítico. El Consejo de Defensores Generales de la Provincia de Buenos Aires, que realizó un exhaustivo informe sobre la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario de acuerdo con estándares internacionales, determinó que es de 15.600 plazas, mientras que el número de personas detenidas a marzo de 2011 es de 26.971 en 55 cárceles y 2433 en más de 300 comisarías.

La Comisión Provincial por la Memoria está integrada por Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Laura Conte, Aldo Etchegoyen, Alejandro Mosquera, Víctor Mendivil, Elisa Carca, Mauricio Tenembaum, Roberto “Tito” Cossa, Daniel Goldman, Mempo Giardinelli, Elizabeth Rivas, Martha Pelloni, Víctor De Gennaro, Emilce Moler, Fortunato Mallimaci, Susana Méndez, Luis Lima, Verónica Piccone y Carlos Sánchez Viamonte.