Cuando ocurrió la tragedia de Beara, salió a la luz una serie de irregularidades en el funcionamiento de locales que estaban habilitados como bares o whiskerías, pero que funcionaban en ocasiones como locales bailables o salones para fiestas privadas. En ese momento se advirtió además que había un vacío legal para la habilitación de estos comercios. El gobierno porteño intentó resolverlo con la sanción del DNU 2/2010, luego ratificado por la Legislatura. “Pero esa norma, que establece condiciones de seguridad para actividades nocturnas, nunca fue reglamentada por el Ejecutivo, por lo cual nunca se pudo hacer el registro de bares”, advirtió el diputado Eduardo Epszteyn.