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Organizaciones estudiantiles que acompañaron a la joven que denunció por acoso sexual y hostigamiento a un profesor de la Universidad Nacional de Luján temen que le apliquen una sanción leve –como una suspensión– y el castigo no llegue a la expulsión. Aunque destacan el hecho de que se lo haya juzgado y encontrado culpable, dado que no es habitual este tipo de procesos en ámbitos universitarios, cuestionan las faltas que se le imputan. Sostienen que se le deberían imputar también dos de las causales previstas en el Reglamento de la UNLu que tienen como única pena la expulsión, explicó Natalia Mezzasalma, secretaria general del Centro de Estudiantes de Agronomía. Estas son: “d) Participar en (...) actos de violencia contra la universidad o sus integrantes, dentro o fuera de ella”; y “f) Participar en actos que atenten contra la Constitución nacional o el régimen republicano y democrático de gobierno”.

“El Tribunal Académico lo declaró culpable de los incisos a), b) y c) (ver nota central) y consideró verídicas todas las acusaciones (acoso sexual, persecución, violencia económica, abuso de poder y amenazas) según las pruebas y los testimonios. Sin embargo, no lo consideró culpable de los incisos d) y f), cuando en varias oportunidades, en su dictamen, caracteriza la conducta del denunciado encuadrándola en las causales de ambos incisos”, sostuvieron a través de un comunicado de prensa el Movimiento Independiente de Agronomía, que forma parte del Frente Popular Darío Santillán, y el Frente Universitario de Luján, que está dentro del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social.

Por ejemplo, en relación al d), el dictamen dice: “Se describen claras situaciones de amenazas, de represalias que se desencadenan luego de la citada negativa; dentro de la Universidad, por ejemplo, se registró la revisión de sus parciales (...), una acción que podría encuadrarse en acoso escolar. Y fuera de la Institución se denunciaron sus pasos reiterados frente a su residencia con intento en una oportunidad de penetración a la misma, presentación en las proximidades del domicilio de su familia (...) en los lugares de cursada y trabajo, etc.”.

En relación al d) y f) juntos el Tribunal Académico dice que: “El análisis conjunto de los antecedentes expuestos configura un cuadro de (...) acoso laboral, (...) ejerciendo diversas formas de violencia las que, en último término, son formas de vulnerar los derechos humanos; en este Juicio se documentaron situaciones y vivencias que afectaron en grados variables aspectos que hacen a la integridad psíquica, moral y económica de una alumna (...)”, argumentan las entidades estudiantiles.