¿Quién es tu dealer? Cada lector tendrá su respuesta pero, si se trata de los vendedores de sustancias prohibidas que caen presos, la respuesta es: el dealer es una señora que vive en un barrio pobre; tiene varios hijos que debe sostener sola, y mediante la venta de pequeñas cantidades se acerca a redondear su presupuesto. Así lo confirmó una investigación efectuada, en el marco de la UBA, por el abogado Alejandro Corda, de la Asociación Civil Intercambios. El estudio señala que “un tercio de la población del Servicio Penitenciario Federal está en prisión por infracciones vinculadas con estupefacientes” y que la proporción de mujeres detenidas se duplicó en consonancia con el incremento de las penas por delitos vinculados con sustancias ilícitas. En este contexto, cada vez hay más mujeres presas por venta minorista o por traslado (“mulas”): se trata de “mujeres de bajos recursos, con una carga familiar importante, que son tentadas por las organizaciones clandestinas”.

El trabajo “Encarcelamientos por delitos relacionados con estupefacientes en Argentina”, escrito por Alejandro Corda, fue efectuado en el marco del Area de Investigación de la Asociación Civil Intercambios y del proyecto UBACyT “Políticas estatales de control de drogas e instituciones sanitarias de atención para usuarios de drogas”, que coordina Diana Rossi.

El libro destaca que “un tercio de la población del Servicio Penitenciario Federal (SPF) está detenido por delitos relacionados con estupefacientes”, y advierte que “el número de mujeres encarceladas ha ido aumentando a un ritmo más acelerado que el de hombres: entre 1989 y 2008, mientras que la cantidad de hombres detenidos aumentó un 112 por ciento, el incremento de mujeres fue de un 271 por ciento. Coincide con la vigencia de la Ley 23.737, que aumentó las penas, lo cual muestra un primer vínculo entre los delitos con estupefacientes y la población de mujeres. En 1995, las mujeres condenadas por delitos relacionados con estupefacientes abarcaban el 45,7 por ciento de la población carcelaria; en 2006, de acuerdo con un informe de la Defensoría General de la Nación, en dos unidades distintas alcanzaban el 65 y el 72 por ciento”.

El trabajo advierte que la mayoría de estos detenidos “lo hicieron como actores menores y llevados por situaciones de vulnerabilidad, acentuadas en las mujeres y más aún si son extranjeras”. Característicamente, estas mujeres son “jefas de hogar, de entre 25 y 44 años y ocupadas al momento de la detención”. “Desde las organizaciones clandestinas son tentadas para acciones penalizadas de alta exposición. Mujeres de bajos recursos, con una carga familiar importante que las convierte en destinatarias ideales para aceptar”, precisa, citando un estudio del Consejo Nacional de la Mujer. El autor concluye que “el comercio local de estupefacientes ha sido un recurso utilizado por jefas de hogar de familias numerosas para superar necesidades económicas”. Corda agregó que “la vulnerabilidad de este sector no se resuelve con más o menos penas, sino con políticas de inclusión social”.

El autor también cita casos de “personas condenadas por traficantes a causa sólo de tener amistad o ser familiares de un traficante; o consumidores que compraban en grupo, procesados como traficantes”.

Horacio Cattani –juez de la Cámara Federal de Apelaciones y profesor en la Facultad de Derecho de la UBA–, quien participó en la presentación del libro, destacó que “a partir del fallo de la Corte Suprema (que en 2009 juzgó inconstitucional castigar a un adulto por tener y consumir marihuana si no pone en peligro a terceros) está pendiente el dictado de una ley que lo implemente”. También señaló “la necesidad de contar con un lugar de diagnóstico para ver qué casos de consumo necesitan tratamiento y cuáles no”, en lugar de identificar consumo con adicción.

Cattani aportó también otro dato, de valor histórico, a partir de una de sus funciones en la Cámara Federal de Apelaciones, donde coordina la búsqueda e identificación de restos de víctimas de la represión ilegal durante la última dictadura: “En muchos casos, los antecedentes de la víctima no tienen que ver con cuestiones políticas, sino con situaciones de consumo de sustancias ilegales”.