Una explosión en un centro de tratamiento de residuos nucleares en Francia dejó un muerto y cuatro heridos: las autoridades sostuvieron que se trató de un “accidente industrial”, sin relación con la actividad nuclear en sí misma y sin escape de radiactividad. El accidente se produjo seis meses después del desastre de la central atómica japonesa de Fukushima Daishii: en Japón hay movilizaciones y hasta huelgas de hambre en protesta por la contaminación y por supuesta falta de transparencia informativa. Y precisamente hoy, en Viena, los países que integran la Agencia Internacional de Energía Atómica deben decidir sobre un nuevo plan de seguridad que prevé revisiones externas de los programas de cada nación: un grupo liderado por Alemania y Canadá sostiene que esas revisiones deben ser obligatorias; otro grupo, liderado por Estados Unidos y China –y en el que se alinearía la Argentina–, sostiene que sólo deben efectuarse si un país lo solicita.

El accidente se registró ayer a las 12.45 (7.45 en la Argentina) en el Centro de Tratamiento y Acondicionamiento de Desechos de Actividad Débil (Centraco), en Gard, cerca de la ciudad de Nimes, al sur de Francia. La planta es operada por una filial de la empresa estatal de electricidad EDF. La función del horno eléctrico siniestrado consiste en disminuir el volumen de los desechos: la alta temperatura lleva a la incineración de objetos como guantes y máscaras y a la fusión de las herramientas y otros objetos metálicos. En la explosión falleció un trabajador de la planta y otros cuatro resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

Un portavoz de EDF aseguró que “se trató de un accidente industrial, no de un accidente nuclear”. Las causas no han sido aún establecidas; podría tratarse de “un error humano” o quizás “un escape de agua que reaccionó con el metal en fusión”, según un vocero del Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear de Francia (IRSN). El vocero subrayó que el horno “está protegido por una construcción que no fue afectada por el estallido: por lo tanto, no hay fuga radiactiva”, y precisó que “la radiactividad de los objetos en el horno era de 67.000 becquerels, muy débil, incomparable con la de un reactor nuclear”. En la tarde de ayer, la Autoridad de Seguridad Nuclear (ASN) francesa declaró que “el accidente ha terminado”.

Francia es uno de los países más comprometidos con la energía nuclear: el 75 por ciento de su electricidad proviene de sus 19 plantas, con un total de 58 reactores. La entidad ecologista Greenpeace advirtió que Centraco “no está incluido en las auditorías dispuestas por el gobierno ni en las últimas inspecciones de la ASN” y exigió “total e inmediata transparencia” en la información sobre el accidente.

La falta de transparencia informativa está a la cabeza de los reclamos que se formulan en Japón, donde el domingo se cumplieron seis meses del terremoto y tsunami que dañó seriamente la central de Fukushima Daishii. En el aniversario, 1500 personas se manifestaron en Tokio con pancartas que decían “Otro Fukushima puede llegar” y cuatro jóvenes iniciaron una huelga de hambre. Al mismo tiempo, militantes de extrema derecha marcharon en defensa del uso de energía nuclear.

Ayer Yuyika Amano, titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), declaró que “los reactores (de Fukushima) se hallan estables” y que “las autoridades japonesas lograron firmes progresos”. En julio se logró restablecer un sistema de refrigeración confiable para los reactores. La etapa actual procura reducir la contaminación del agua de mar y del subsuelo. Según medios de prensa japoneses, la acumulación de sustancias radiactivas sería tres veces mayor a la reconocida por las autoridades.

Hoy, en Viena, el comité directivo de la AIEA –compuesto por 35 naciones–- debe decidir sobre el plan de seguridad nuclear propuesto por Amano como respuesta a los sucesos de Fukushima. Ruediger Luedeking, representante de Alemania, anticipó que ese plan “no satisface las expectativas” de “un mayor compromiso de los Estados para admitir supervisiones externas de sus programas nucleares civiles”. Alemania prevé cerrar todos sus reactores en 2022. Según fuentes diplomáticas citadas por The Washington Post, Alemania, Canadá y Australia son partidarias de que las revisiones externas de los programas nucleares sean obligatorias. En cambio Estados Unidos, Rusia, China, India, Pakistán y la Argentina preferirían la actual propuesta, según la cual la colaboración externa sólo se efectuaría “a requerimiento” de cada país.