Mónica tiene 36 años, es pobre y sufre una patología cardíaca congénita, que le ocasiona un cuadro de deficiencia de oxígeno crónica, entre otras complicaciones. Su corazón late, pero está al borde de la descompensación, al punto de que si sube una escalera llega al primer piso con los labios y la punta de los dedos morados. Su estado se agravó a partir de un embarazo que no debió continuar. El 4 de agosto se acordó en un ateneo interdisciplinario realizado en el Hospital San Roque, de la ciudad de Paraná, que se le realizaría un aborto terapéutico, contemplado en las excepciones previstas en el artículo 86 del Código Penal. Ella dio su consentimiento. Pero una semana después, en el momento en que estaba entrando al quirófano, irrumpió un médico ajeno a la institución, conocido por su militancia antiabortista en la capital entrerriana, que amenazó a sus colegas con denunciarlos si seguían adelante con la práctica indicada y la interrupción legal del embarazo se suspendió. Mónica fue trasladada de urgencia al Hospital Posadas, de Haedo, en el conurbano bonaerense, donde tampoco le practicaron el aborto. Quedó internada en reposo absoluto, lejos de su familia, y bajo estricto control porque su vida corre peligro. El embarazo ya lleva 27 semanas y le anunciaron que le realizarán una cesárea en cuanto sus latidos aflojen. El caso fue denunciado por el Consorcio Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Conders) ante la Defensoría del Pueblo de Paraná y de la Nación.

“Obligan a una mujer a continuar con su embarazo aumentando el riesgo para su salud física y/o psicológica y el riesgo de morir es inadmisible, dado que el aborto en nuestro país es legal precisamente en estas circunstancias, desde 1922. Aquí no hubo objeción de conciencia, de ninguna manera. Esto fue un avasallamiento de los derechos reproductivos de una mujer que había consentido la interrupción del embarazo”, denunciaron desde Paraná Carolina Comaleras y Silvia Primo, representantes del Conders en la provincia.

También llevaron el caso ante el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Entre Ríos a fines de agosto. El Ministerio de Salud provincial, que encabeza el abogado Angel Giano, alegó –en un comunicado de prensa– que de acuerdo con la versión de los médicos que la atendieron el aborto no punible se suspendió por decisión de la propia paciente. La información es falsa: Mónica relata que ella nunca cambió de decisión y que cuando la intervención se canceló ni siquiera la consultaron (ver aparte).

Es una mujer sencilla, de pocas palabras, y se la nota muy angustiada. Está casada y con su marido tuvo un hijo, que hoy tiene 13 años. La familia vive en una localidad semirrural, a unos 100 kilómetros de Paraná. El esposo la va a visitar al Hospital Posadas cada tanto: por la distancia y la falta de dinero, los viajes son esporádicos y ella está muy sola, en reposo absoluto por la extrema gravedad de su cuadro.

“En este caso, hubo responsables e irresponsables con nombre y apellido, visibles y ocultos. Cuando el derecho de todas las mujeres a decidir, entre otros, como en este caso, se ignora, se violenta, se comete abuso de poder médico”, señalaron a este diario Comaleras y Primo. Y reclamaron que se investigue el accionar de los médicos y se los sancione.

Desde el Conders denunciaron el caso el 2 de septiembre en una jornada organizada por la provincia de Entre Ríos en conjunto con el Consejo Nacional de Mujeres, sobre Violencia en la Mujer.

El 14 de agosto, Mónica cumplió 36 años. Su historia clínica muestra las huellas de la inequidad en el acceso a la salud. Nació con una patología cardíaca congénita llamada tetralogía de Fallot, que ocasiona un cuadro de hipoxia crónica, entre otras complicaciones. Es una enfermedad que se puede tratar con cirugía, pero Mónica nunca fue operada. Tuvo cinco abortos espontáneos, en 1997, 1999, 2001, 2002 y 2005. Este último cuando cursaba el sexto mes de embarazo y se había evaluado que había un “alto riesgo” para su vida de continuar la gestación. Incluso estaba prevista una reunión del Comité de Etica para resolver qué hacer. Al mes de ese aborto espontáneo, en el Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná, donde la mujer se atiende, le autorizaron una ligadura de trompas, dado que cada nuevo embarazo ponía su vida en peligro. Aunque en ese momento todavía no se había sancionado la Ley nacional de anticoncepción quirúrgica –aprobada en 2006 por el Congreso–, la ligadura no requería de permiso especial puesto que el propio cuadro de Mónica lo indicaba, con su consentimiento. En la historia clínica está registrado que Mónica se llegó a internar para que le realizaran la ligadura tubaria, pero se le dio el alta sin hacérsela porque el “quirófano no estaba en condiciones”.

Con un nuevo embarazo en curso, el 4 de agosto último se hizo en el San Roque un ateneo multidisciplinario en el cual se presentó su caso clínico y se estableció luego de los estudios correspondientes:

- Que la paciente “corre riesgo serio de vida debido a su extrema vulnerabilidad en el aspecto cardiológico”.

- “Que no podrá transitar el resto del embarazo sin riesgo para su vida teniendo serias posibilidades de muerte”.

- “En aras de la protección de la vida de la paciente resulta apropiado aconsejar la interrupción del embarazo, aclarando que se encuadra en el artículo 86 inciso 1º del Código Penal”. Es decir, se le indicó un aborto terapéutico para proteger su vida.

Mónica dio su consentimiento informado: lo firmó y anotó en la declaración jurada su DNI. La intervención se acordó para el jueves 11 de agosto a las 7.30, en el Hospital San Martín, de Paraná, donde hay un servicio de terapia intensiva. También le realizarían una ligadura tubaria. Pero, según denunció el Conders ante la Defensoría del Pueblo de Paraná y ante Página/12, “a las 7 de la mañana irrumpe abruptamente un médico cardiólogo, reconocido militante provida, que sin tener relación alguna con la paciente, ni personal ni profesional, manifiesta que se va a cometer un crimen y amenaza con denunciar en los medios el asesinato que allí se va a cometer. Sin impedimento alguno, accede a hablar con Mónica y le dice enfáticamente que ‘eso no se hace’, que tiene que seguir para adelante. Nadie intervino para proteger o defender los derechos” de Mónica.

Finalmente, en el Hospital San Martín decidieron suspender la cirugía y buscar otra institución de salud para el seguimiento de su embarazo. Mónica fue derivada el 14 de agosto al Hospital Posadas, de la localidad bonaerense de Haedo, a unos 500 kilómetros de su casa, porque allí se cuenta con servicios de alta complejidad. Lleva dos meses internada y está con reposo absoluto en una habitación del sexto piso, en el Pabellón A. Su hijo adolescente no la ve desde entonces. Cuenta Mónica que el cardiólogo que la atiende le advirtió que en cuanto se descompense le realizarán una cesárea. Ya le informaron que su bebé tiene la misma malformación que ella.