Con un dictamen favorable del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) y la bronca contenida, Florencia Ugartemendía exige una disculpa de las autoridades del Bingo Ramallo y quiere difundir su caso “para que no se repita”. A esta comerciante travesti le impidieron el ingreso a la sala de juegos por una supuesta agresión a una empleada, aunque ante el Inadi se adujera luego que “distraía” al personal del bingo. Ella denunció que se trató de una mentira pergeñada por un jefe de sala que la acosaba y la tomó de punto cuando ella lo rechazó. “Ir al bingo era mi vida social, mi distracción, ahí me juntaba los fines de semana con amigos”, dice ahora, a un año de que le prohibieran la entrada.

La “suspensión” invocada en el derecho de admisión y permanencia llegó a oídos de Ugartemendía el 5 de noviembre de 2010 por medio de una coordinadora de las combis que llevan apostadores de San Nicolás, donde vive ella, al Bingo Ramallo. “Pensé que era una broma. Hace diez años que voy. Y a la empleada que decían que había golpeado la saludé ese día y le pregunté por su hermana embarazada. Si hasta les vendí ropa a ella y a su familia”, recuerda Florencia, que se dedica a la venta de indumentaria, por cuenta propia, en la casa que comparte con sus padres. Cuando llamó al bingo, se lo confirmaron.

Meses antes de la decisión tajante de la gerencia, dice la denunciante, un jefe de sala pasó de los piropos a las propuestas concretas para una cita. “Un día me cansé y no le di más cabida. Y él siguió. Para que terminara el acoso, comenté el asunto con otros empleados y eso no le gustó. Buscó una excusa para no dejarme entrar y salió con el tema de la agresión a la empleada. Increíble, porque hay cámaras de seguridad y obviamente no registraron nada”, dice Ugartemendía. Según ella, la supuesta agredida le confesó que la orden provenía de la jerarquía del bingo.

De nada sirvió la carta documento que envió en un intento por revertir la situación. Como buena parte de su círculo social pasaba por ese lugar, donde además de comprar cartones y tacharlos solía cenar con amigos, comenzó a sufrir cierto aislamiento. En febrero de este año, luego de hablarlo con su terapeuta, decidió no dejar impune el incidente y acudió al Inadi. Presentó varios testigos, pero sólo tuvo la respuesta inflexible de parte de la empresa, cuyo directorio integraba por entonces Daniel “El Tano” Angelici, aliado de Mauricio Macri y candidato a la presidencia de Boca Juniors.

Según consta en el dictamen del Inadi, firmado el lunes pasado, la empresa justificó su decisión “en las reiteradas charlas y conversaciones que mantenía con el personal de la empresa, no sólo distrayéndolo de sus tareas habituales por lapsos de tiempo prolongados, sino también creando un clima de discordia entre ellos”. Sin embargo, una empleada dijo lo contrario: que el trato siempre fue cordial y había una instrucción para no hablarle. Incluso afirmó que la amonestaron por no cumplir con esa orden. “Se trató de un hecho de discriminación”, dictaminó el Inadi.

Por otra parte, las burlas del personal jerárquico en torno de la identidad de género también constan en la declaración de los testigos. Por ejemplo, por una supuesta queja de otra clienta, a Ugartemendía le impidieron ir al baño de mujeres y le dijeron que le conseguirían “un tercer baño”, sólo para ella. Sobre la supuesta agresión, la empleada dudó de su existencia. “Existen mecanismos que hubieran permitido actuar en el mismo instante”, dijo. Hace dos meses, desde el Bingo Ramallo informaron al Inadi que habían levantado la suspensión y que la damnificada concurrió al lugar.

“Nunca recibí esa autorización para entrar y además tampoco fui”, dice Ugartemendía. En el Inadi señalaron que si la empresa tenía razón en que la demandante “distraía” a los empleados, la sanción que le impuso era desproporcionada. Además aclararon que el derecho de admisión y permanencia requiere fundamentos que no supongan “trato discriminatorio o arbitrario para las personas, así como tampoco colocarlas en situaciones de inferioridad o indefensión con respecto a otros concurrentes o agraviarlos”. Para el Inadi la suspensión fue “un acto discriminatorio”. Federico Colma, gerente del bingo, negó a Página/12 la existencia de discriminación y aseguró que hubo “una agresión”. También planteó que “las mujeres se quejaban porque iba al mismo baño” y además distraía a los empleados. Luego confirmó que ya se levantó la suspensión y que el hecho fue informado al Inadi, aunque no se hizo de forma escrita, vía carta documento, a la damnificada. Se lo mandó a decir por un tercero. Ugartemendía piensa volver, dice, cuando reciba la notificación correspondiente.