El proyecto para incorporar tratamientos de fertilización asistida en el Plan Médico Obligatorio (PMO), que recibió dictamen de mayoría el miércoles en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, excluye a las parejas homosexuales y a las mujeres solteras. El texto, que podrá recibir media sanción en la próxima reunión del recinto, antes de fin de año, considera a la infertilidad como una enfermedad y, por tanto, obliga tanto a obras sociales como a prepagas a brindar “la atención, el diagnóstico y el tratamiento (de ese impedimento) mediante la aplicación de técnicas de fertilización asistida y los fármacos que ésta requiera”. Para el presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero (LGBT), Esteban Paulón, “este proyecto de ley es profundamente discriminatorio”.

La diputada Silvia Majdalani (PRO), impulsora del proyecto que recibió dictamen de mayoría, tras pasar por tres comisiones, explicó a Página/12 que “esta ley es para la familia” y para que la reproducción “no esté determinada por el nivel adquisitivo” de las personas. Según contó, su iniciativa plantea que “después de un año de mantener relaciones sexuales sin cuidarse y no haber podido embarazarse, la pareja puede recurrir a un médico para evaluar los procedimientos posibles”. En ese sentido, la “obligatoriedad” de la cobertura será sólo exigible “por los pacientes” que no tengan hijos fruto de su relación actual.

La polémica está en el enfoque de la ley. Para Majdalani, la palabra clave para comprender la problemática es “enfermedad”, por lo que “aunque sea una pareja del mismo sexo”, si una tiene un problema de infertilidad, el tratamiento debe ser cubierto. “El problema es que, según esa propuesta, se necesita un certificado médico de infertilidad”, porque una pareja de lesbianas “no necesariamente es estéril”, señaló a este diario Paulón. Entonces, “dos lesbianas que no son infértiles, por más que se bañen juntas, se agarren de la mano las 24 horas y tengan relaciones sexuales, no van a tener un hijo porque les falta un espermatozoide”, ironizó.

La diputada Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) respalda un proyecto que quedó en minoría, que propone la extensión del tratamiento de fertilización a parejas del mismo sexo. Ibarra detalló que “la misma Organización Mundial de la Salud dice que la infertilidad es una enfermedad, pero objetivamente la ley de Fertilidad Asistida no habla de curar; lo que se hace es permitir una alternativa a esa enfermedad, es decir, garantizar el derecho reproductivo”. Por ejemplo, el proyecto de dictamen de mayoría cubre el tratamiento de fertilización para una mujer que no tiene ningún problema pero cuyo esposo no puede tener hijos, “y entonces se le otorga una donación de esperma”.

Entonces, “si no se está curando la enfermedad de nadie, sino que se está garantizando un elemento como la donación de semen, lo que yo no entiendo es por qué solamente las personas heterosexuales pueden tener acceso a ese derecho de reproducción”, concluyó Ibarra. “Es moralmente violento decirle a una persona homosexual que tenga relaciones con un tercero para gestar un embarazo, tanto como decírselo a la mujer de una pareja heterosexual estéril”, advirtió.

Para Majdalani es una cuestión de presupuesto, que es un “recurso finito”, y destacó que está en desacuerdo con que “cualquier persona se insemine”. Consultada sobre qué cobertura considera justa entonces para las parejas gays, dijo: “En el futuro deberemos modificar esta ley y ampliarla, porque si se aprobó una ley de matrimonio igualitario, yo no soy quién para discutirla. Pero ahora no hay presupuesto”.

Según Ibarra, el dictamen de minoría plantea, en ese sentido, “que el problema de cómo solventar los gastos sea reglamentado por el Poder Ejecutivo” porque “lo que no se puede decir es que, como no hay plata para todos, elegimos algunos, ¿por qué, si somos todos iguales?”. “Estaríamos estableciendo marcos de desigualdad”, precisó.

Los tratamientos de fertilización “son caros, de 3000 pesos hasta 30.000 pesos, que es lo que sale una ovodonación”, refirió Paulón. El avance de este proyecto, si es que obtiene media sanción sin modificaciones, “será muy grave porque no garantizará los derechos de todas las personas, incluidas las mujeres solteras, sería como si el Estado hiciera una sobrevaloración de la familia tipo, de mamá y papá, sobre el resto”.

Informe: Rocío Magnani.