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“Quienes trabajan en instituciones de salud mental tienen pánico de denunciar irregularidades porque el Gobierno de la Ciudad los amenaza con sumarios”: así lo denunció la Asesoría General Tutelar porteña (AGT, a cargo de monitorear los derechos de los internados), con motivo de un memorándum que la directora general de Salud Mental, María Grosso, envió a los directores de establecimientos: el memo exige que las visitas de inspección sólo puedan efectuarse en presencia del director del hospital; prohíbe al personal contestar preguntas sin previa consulta jurídica y dispone sumarios a quienes incumplan estas directivas. El CELS, la APDH y otros organismos, incluso de “usuarios y sobrevivientes” de servicios de salud mental, exigieron que el Gobierno de la Ciudad deje sin efecto la medida de Gro-sso –que asumió el 29 de agosto–, por ser “contraria a los estándares legales mínimos” y “violatoria de los derechos de las personas afectadas en su salud mental”.

“Cuando recibimos, por ejemplo, una denuncia de que una persona ha sido ‘contenida físicamente’ (atada de pies y manos) en un hospital, tenemos que ir inmediatamente y preguntar, no podemos esperar a que elaboren un informe escrito –explicó Gabriela Spinelli, coordinadora de Salud Mental de la AGT–. Son respuestas que hay que obtener en el momento. Y la amenaza de sumario ante la presencia de la Asesoría hace que cunda el pánico entre profesionales y empleados y sean más resistentes a dar información.”

Según el memorándum firmado por Grosso, “cualquier recorrido o visita del asesor tutelar bajo ningún punto de vista puede ser llevada a cabo sin la presencia del director o subdirector del hospital” que, además, “tiene la obligación de avisar a la Región Sanitaria y a la Dirección de Asuntos Judiciales la posible o actual presencia del asesor tutelar”. “Todo informe que el asesor tutelar requiera no debe ser respondido de inmediato”, sino “luego, con la debida intervención de las áreas competentes”. Y “si el asesor tutelar comienza a indagar a cualquier agente del hospital, tiene que dejarse asentado que tales agentes no tienen la facultad legal para vincular a la administración hospitalaria”, agrega el memo, que considera “fundamental iniciar actuaciones sumariales a quienes incumplan con estas pautas”.

El documento suscripto por entidades de derechos humanos sostiene que el memorándum firmado por Grosso plantea “medidas contrarias a los estándares legales mínimos de defensa de los derechos fundamentales de las personas internadas en instituciones psiquiátricas”, “obstruyendo la tarea de contralor constitucionalmente atribuida a la Asesoría General Tutelar”.

Las directivas de la directora general de Salud Mental porteña “son violatorias de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), que debe ser garantizada por todas las autoridades del Estado” y “promueven prácticas violatorias de los derechos de las personas afectadas en su salud mental, cuya garantía depende, en gran medida, del rol desempeñado por la AGT”.

La presentación agrega que “el cumplimiento de los derechos consagrados por la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad está directamente relacionado con la inspección periódica a los establecimientos de internación”. Y destaca que “el fundamento de que organismos como la AGT realicen su trabajo responde a instrumentos internacionales como la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo”.

La nota está firmada por el Centro de Estudios Legales y sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asamblea Permanente de Usuari@s y Sobrevivientes de los Servicios de Salud Mental (Apussam), la Red Familiares Usuarios y Voluntarios (Red FUV), la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y Médicos del Mundo Argentina Cono Sur.

Macarena Sabin Paz, coordinadora del Equipo de Salud Mental del CELS, consideró “aberrante y escandalosa” la medida de la directora de Salud Mental de la CABA: “La situación se agrava porque, el año pasado, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, vetó la ley que adecuaba la Ciudad al Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura (a nivel nacional, la ley correspondiente aguarda en la Cámara de Senadores, ya con media sanción en Diputados). Los establecimientos psiquiátricos son lugares de privación de la libertad, igual que las cárceles; alojan a una población especialmente vulnerada, sin los mecanismos de control necesarios: el único que funcionaba era la Asesoría General Tutelar”.

La legisladora María Elena Naddeo presentó un proyecto que pide que se deje sin efecto el memorándum; fue apoyada por diputados del Frente Progresista Popular, del Frente para la Victoria, de Proyecto Sur, del Bloque Peronista y de Coalición Cívica. “Sólo en dictaduras se dictaron normativas mordaza como ésta”, afirmó Naddeo, que en la Legislatura preside la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley 448 de Salud Mental.

También la Asociación de Psicólogos Municipales manifestó su “rechazo” por el memorándum de Grosso, que “conlleva el uso abusivo de la fuerza jerárquica por los directores de hospitales, que deberían desconfirmar a los agentes en sus dichos y luego sumariarlos”. El psiquiatra Luis Mazzarella, delegado de Sutecba en el hospital Moyano, también se manifestó contra el memo: “Los profesionales no nos manejamos por ‘obediencia debida’, sino por criterios éticos: nadie puede decirme qué decir ni cuándo”.

Una fuente del Ministerio de Salud porteño, afirmó que “en una reunión efectuada con Laura Musa, asesora general tutelar, se aclararon todas las inquietudes”. Sin embargo, la Asesoría General Tutelar puntualizó que “su titular, Laura Musa, sostiene y avala el testimonio que Gabriela Spinelli dio a Página/12”.