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“La actual directora general de Salud Mental, María Grosso, desconoce las gravísimas irregularidades que su antecesor había admitido y prometido solucionar”, sostuvo Gabriela Spinelli, coordinadora de Salud Mental de la Asesoría General Tutelar, para contextuar el memorándum que limita la posibilidad de los funcionarios de testimoniar ante ese organismo. Las irregularidades se referirían a “niños internados y sobremedicados, no por padecimiento mental sino por carecer de familia, en instituciones privadas contratadas por el Gobierno de la Ciudad”. Además se mantendría “la privación ilegítima de la libertad de niños en los hospitales Alvear y Tobar García”, y “el gobierno porteño se resiste a aplicar la Ley Nacional de Salud Mental”.

Según Spinelli, “el equipo del anterior director de Salud Mental, Juan Garralda, había admitido gravísimas irregularidades en instituciones privadas contratadas por el Gobierno de la Ciudad. Se refieren a niños que, no teniendo familia que se haga cargo, además tienen padecimientos en salud mental. No son estos padecimientos los que llevaron a la internación: si hubieran tenido familia, el tratamiento hubiera sido ambulatorio. Pero en estas instituciones y para estos chicos, la propia Dirección de Salud Mental encontró niveles de medicalización psicofarmacológica ‘por encima de los límites permitidos’, y chicos con síndromes producto de esa sobremedicación”.

“Son unos 30 chicos, todos en situación de pobreza, alojados en estos pequeños manicomios –sostuvo Spinelli–. Garralda se había comprometido a cancelar los convenios con esas instituciones y trasladar a las personas internadas. Pero Grosso no coincidió con la evaluación del anterior director, que pertenecía a la misma gestión de gobierno. De hecho, estamos por iniciar una acción como respuesta al incumplimiento de los compromisos contraídos.”

Otro tema irresuelto es “la privación ilegítima de la libertad de 40 chicos, internados en los hospitales Tobar García y Alvear pese a tener el alta hospitalaria: la Justicia hizo lugar a un hábeas corpus presentado por esta Asesoría y condenó al gobierno porteño a crear dispositivos para la externación; esto todavía no se ha cumplido”, sostuvo Spinelli.

Spinelli agregó que “el Ministerio de Salud de la Ciudad se resiste a la aplicación de la Ley Nacional 26.657, de Salud Mental: no impartió instrucciones a los hospitales para adecuarse a los requisitos para internaciones involuntarias, que sólo deben admitirse si existe un riesgo cierto e inminente, certificado por los equipos multidisciplinarios; debe haber notificación a la Defensoría Pública para que le designe abogado, y cumplirse otros requisitos. A falta de instrumentación por las autoridades, todo esto a veces se cumple y a veces no”.